Previsión de cierre en As Pontes y Meirama
Las térmicas, ante el «globo sonda» del Gobierno: «La inseguridad es total»
Losada aclara que As Pontes «no se va a cerrar» y la Xunta alerta de los riesgos
Inquietud, sorpresa, malestar, preocupación . La previsión del Gobierno acerca del cierre de las térmicas de As Pontes y Meirama originó ayer todo un crisol de sensaciones y algún que otro desvelo entre los trabajadores de ambas centrales. De momento el Ejecutivo templa los ánimos. Después de que el secretario de Estado de Industria, José Domínguez, pronosticara el inminente ocaso de Meirama —en 2020— y apenas diez años más de vida para As Pontes —hasta 2030—, el delegado del Gobierno en Galicia salió a la palestra para enviar un «mensaje de tranquilidad» y dejar «bien claro» que As Pontes «no se va a cerrar». En cambio, el silencio sobre Meirama incrementa las sombras sobre su futuro : su propietaria, Naturgy, esperará unos meses más para decidir su continuidad .
Presente en un acto en Vigo, J avier Losada aclaró que el Gobierno no tiene voluntad de «cerrar ninguna central» . Su compromiso más bien es con cumplir «las directivas» anticontaminación europeas: la razón por la que en algunas térmicas se están llevando a cabo planes de inversión, y a su vez, el horizonte que aboca a otras a su cierre. «Seguirán abiertas todas las empresas que se ajusten a la política energética», expuso el delegado. Para el caso concreto de As Pontes, añadió además que se había puesto en contacto con el alcalde, Valentín González Formoso —barón de peso dentro del socialismo gallego—, así como con los vecinos y empresas de la localidad coruñesa. A todos quiso trasladarles «tranquilidad». Principalmente, porque gracias a la inversión de 220 millones acometida por Endesa, la central podrá acomodarse a los estándares europeos contra el cambio climático. Terminada la remodelación, su vida útil podría extenderse hasta la década de 2040. Es decir, diez años más de lo que augura el Gobierno.
Desde la Xunta, el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, achacó al gabinete de Pedro Sánchez el estar «generando una incertidumbre injustificada» cuyo resultado «solo» puede desembocar en la «destrucción de empleo» y en «un coste energético más elevado». Entre una y otra planta suman en torno a 380 puestos de trabajo directos. Conde tampoco pudo dejar de criticar que el Gobierno esté llevando a cabo una «transición a ninguna parte» en el modelo energético, «sin ningún tipo de diálogo ni consenso». El PPdeG exploró la misma línea, con recado incluido a PSdeG. Su secretario general, Miguel Tellado, se preguntó si los socialistas gallegos «se van a volver a poner camisetas de apoyo a los trabajadores cuando los echen a la calle», como ocurre con la amenaza de cierre de Alcoa.
«Alarma impresionante»
Una parte de los empleados prefiere creer que todavía hay mucha distancia entre las cábalas de La Moncloa y la realidad. «Más que inquietud, hay sorpresa», reconoce el presidente del comité de As Pontes, Luis Varela (UGT). Para el líder sindical, lo más grave es que si el «inoportuno» comentario del secretario de Estado llegara a pronunciarse un año antes, Endesa no habría volcado inversiones en la central. Mientras, señala que cualquier anuncio de estas características provoca una «alarma social impresionante» en la comarca, hasta el punto de dejar a los vecinos «en vilo» por el futuro de 600 empleos directos e indirectos. De igual modo ocurre dentro de la empresa. Varela indica que el Gobierno puede poner «en entredicho» el proceso de reubicación de algunos compañeros que sí se van a ver afectados por un cierre, como en Andorra o en Cubillos del Sil (León).As Pontes podría ser su destino. «La inseguridad es total, cambia las reglas de juego de todo el mercado», sostiene.
Más contundente se muestra José Hurtado, extrabajador de la planta y responsable de la federación de Energía en la rama industrial de CC.OO. La «preocupación», en su caso, también reside en el hecho de que la central había venido sorteando todos los peligros que podrían desencadenar su cierre. «Hasta hace cuatro días nadie decía nada, hablábamos de Meirama, pero aquí se estaba haciendo una transformación» , relata, todavía con cierto poso de incredulidad ante un anuncio que no sabe si es «un debate que se tenía que haber dado» o un «globo-sonda» para que «la gente se vaya concienciando» de lo que viene por delante.
En un futuro próximo, en CC.OO tratarán de entablar contacto con un Gobierno «débil», al que llega a poner en entredicho su etiqueta «de izquierdas». También tocarán en la puerta de la Xunta. El comité tiene previsto celebrar una reunión la próxima semana para estudiar escenarios.
Cerceda, a la espera
En Cerceda, municipio donde se asienta Meirama, todavía conservan cierta esperanza de que la central sobreviva. «Seguimos esperando la decisión de Naturgy, en la última reunión que tuvimos nos dijeron que a finales de este año o principios del que viene nos lo comunicarían», apunta el presidente del comité de empresa Bautista Vega.
Fuentes de la eléctrica confirman que todavía no han decidido si invertir en la central para que pueda adaptarse a la legislación europea, que le impedirá producir más allá de 2020 si no mejoran su tecnología para lanzar menos contaminación a la atmósfera. En 2015 la empresa anunció que acometería las obras necesarias, que constarían entre 100 y 120 millones de euros, para adaptar sus instalaciones. Tras los cambios sufridos en el accionariado, la compañía cambió de idea y lleva meses sin desvelar si mantendrá operativa a Meirama. Los plazos se le echan encima.
Naturgy declinó hacer valoraciones sobre las palabras de Domínguez, dado que no tienen el carácter de oficial. «Es una opinión de él, que no está basada en nada real, ni algo que haya decidido el Gobierno» , indica el presidente del comité de empresa de Meirama.
Pero el alcalde de Cerceda, el socialista José García Liñares, censura que las declaraciones del secretario de Estado generan una incertidumbre innecesaria. «Me parecieron apresuradas, estas cosas no se deben decir si no hay algo definitivo o casi definitivo», subraya García Liñares, quien critica que se lancen «globos sonda» con una noticia que supondría un duro golpe para el ayuntamiento coruñés. En la central trabajan actualmente entre 200 y 250 personas, un centenar en plantilla y el resto en compañías auxiliares. «Para esta comarca sería muy mala noticia que cerrase y también para los ingresos del Ayuntamiento», indica el regidor.
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