El Supremo tumba el intento de Audasa de hacer pagar a la Xunta por los peajes a la sombra de la AP-9

La Justicia acaba de cerrar uno de los capítulos de la batalla, que, a tres bandas, mantienen en los tribunales la Xunta, el Ministerio de Transportes y Audasa a propósito de las compensaciones que habría de cobrar esta última, empresa concesionaria de la AP-9, por la gratuidad de los tramos de Vigo-O Morrazo y La Coruña-A Barcala. En su última resolución, el Tribunal Supremo ha eximido a la Xunta de hacerse cargo de los 12,3 millones de euros que Audasa le reclamaba de los dos últimos ejercicios, de 2020 y 2021. Se cierra un episodio, pero aún falta el desenlace del complejo culebrón judicial por estos peajes a la sombra.

En este último auto, la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo desestima la solicitud de la concesionaria de que la Xunta le pague la mitad de la factura de los vehículos que circularon gratis por estos dos tramos durante los dos últimos años debido a ese peaje a la sombra. La empresa reclamaba a la administración autonómica 12,3 millones de euros, pero el tribunal no tiene «ninguna duda sobre la imposibilidad de acoger el planteamiento de la ejecutante (Audasa)».

El enredo viene de lejos. En 2006 el Gobierno de Zapatero liberalizó de peaje los mencionados tramos de la autopista en Vigo y La Coruña para favorecer especialmente a quienes se desplazan a diario a las dos principales ciudades gallegas desde localidades próximas. Para compensar a la concesionaria, la administración debía compensar a Audasa. Sin embargo, como la gratuidad de los tramos provocó un aumento del número de vehículos, el Ministerio de Transportes consideró que la concesionaria estaba ganando más de lo que les correspondería y acabó cambiando la fórmula del recuento de vehículos para rebajar a la mitad los aproximadamente 14 millones de euros al año que estaba recibiendo la concesionaria.

Audasa llevó este asunto a los tribunales y la Justicia le dio la razón: condenó a la Administración General del Estado a pagar a la empresa lo que esta había dejado de percibir con el cambio de criterio. Cumpliendo la sentencia, el Ministerio de Transportes pagó a Audasa 13,8 millones de euros por los años 2017 –desde el 30 de julio–, 2018 y 2019. Pero luego, la Administración General del Estado solo pagaría la mitad de lo que le correspondería por 2020 y 2021. Y este es el capítulo que ahora se ha resuelto. En la última reclamación, Audasa, además de al Gobierno central, exigía también una parte a la Xunta : un total de 12,3 millones por 2020 y 2021. El Ministerio pagó su parte, pero la administración autonómica no. Por eso Audasa planteó un incidente de ejecución de la sentencia, y ahora el Supremo exime a la Xunta del pago.

El razonamiento del tribunal es que una cosa es que una sentencia haya dado la razón a Audasa por el cambio de criterio que reducía a la mitad lo que percibe, y otra muy distinta dictar en ejecución de sentencia quién debe pagarlo. Eso se debe resolver en otro contencioso que todavía está sobre la mesa del TSXG , planteado por la Xunta, que considera que la administración autonómica no tiene que hacerse cargo por ser una autopista de titularidad estatal. Este lunes, en declaraciones a los medios, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha instado al Ministerio a «tomar nota» de la resolución y recordó que un acuerdo de 2017 del Gobierno de Rajoy exime a la Xunta de pagar su parte.