Sin rastro de los tres policías bajo orden de arresto acusados del crimen de Diego Bello

Deberían estar entre rejas, pero cuatro días después de que se hubiese ordenado su arresto, los tres agentes filipinos acusados del crimen de Diego Bello lograron un permiso de la Policía y su paradero, a estas alturas, se desconoce. Lo denuncia la familia del joven coruñés asesinado a tiros en enero de 2020 en la puerta de su vivienda. Los efectivos acusados lo asaltaron en plena madrugada y le dispararon alegando que Bello era un capo de la droga y que portaba un arma en su riñonera. Dos argumentos que nunca se han podido probar. Todo lo contrario. El juez encargado del caso decretó el pasado 25 de marzo la detención y entrada en prisión sin fianza de los tres presuntos implicados, acusados de su asesinato. Así lo indica el informe elaborado por el National Bureau of Investigation, que señala explícitamente que el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy acabaron con la vida del empresario gallego «disparándole a sangre fría» .

Para encubrir el crimen, que podría haber sido una venganza ideada por un alto mando, los señalan por falsificar pruebas «y poner en sus manos una pistola y unos gramos de cocaína para poder así decir que Diego era un traficante y que les había disparado primero y que, por tanto, fue en defensa propia». También indican en esta dirección los casquillos de bala localizados en lugar, de dos calibres diferentes . Unos corresponden con las pistolas que llevaban los policías y los otros con la que, dicen ellos, usó Diego para atacarlos. Sin embargo, el análisis exhaustivo de su posicionamiento revela que la corta distancia a la que se encontraba hubiera generado más víctimas que el propio Bello, por lo que se cree que fueron manipulados . La defensa de los agentes esgrime que el coruñés lideraba una red de tráfico de drogas y que la noche del tiroteo iba a protagonizar un intercambio de droga, pero la investigación posterior no encontró ninguna conexión entre el gallego y el mundo del narcotráfico.

Tampoco refrenda este argumento su entorno, tanto en Filipinas como en Galicia, que dibuja a un joven emprendedor y deportista que llevaba tres años en el lugar y cuyo nombre no figuraba en ninguna nómina de traficantes de la zona. Los últimos movimientos de la Policía filipina en relación con el polémico caso hacen pensar a a familia de Diego Bello y sus representantes legales que el departamento de Policía del Gobierno del país intenta «dilatar lo más posible» la detención de los presuntos asesinos . Así lo indica un comunicado remitido ayer a los medios, que pone el acento sobre un posible desacato de las órdenes judiciales en relación con el permiso concedido coincidiendo con la orden de entrada en prisión, «en abierto desprecio a la independencia del poder judicial y a la separación de poderes, y en flagrante violación del Estado de derecho».