Tribunales
Seis acusados, entre ellos tres policías, por contrabando de tabaco en el puerto de Marín
Más de 51.000 cartones por valor de dos millones de euros fueron supuestamente desviados entre los años 2010 y 2012
Este lunes, y durante toda la semana, arranca el juicio contra seis hombres –entre ellos tres guardias civiles– por contrabando de tabaco y falsedad de documentos en el puerto de Marín . Entre los años 2010 y 2012 habrían intervenido en operaciones comerciales de avituallamiento de buques en las que se servía tabaco procedente de aquellos depósitos fiscales para su consumo por la tripulación de los barcos, «una operación completamente exenta de aranceles e impuestos », según sostiene el escrito de calificación de la Fiscalía provincial. Esto fue así porque uno de los acusados era el encargado de gestionar y firmar «gran parte de la documentación audanera », refleja.
Aprovechando esta circunstancia, «y puestos de acuerdo todos los acusados», habrían elaborado un plan para poder poner el tabaco en circulación « sin pagar ningún impuesto o arancel », tal y como valora el Ministerio Público. Dicho plan consistía en «fingir inexistentes operaciones de avituallamiento en las que hacía figurar como destinatarios de la mercancía, buques para los que no iba, o que incluso estaban lejos», incluyendo barcos que ya estaban desguazados . Para no levantar sospechas, los tres guardias civiles acusados fingían validar la llegada de ese tabaco a los supuestos buques, «firmando con el consiguiente " visto para embarcar" », como si ya lo hubiesen comprobado».
De esta manera, los acusados, o al menos una parte de ellos, se habrían hecho con el tabaco que, posteriormente, se vendería fuera de los circuitos legales, «sin que exista constancia de qué destino concreto les dieron».
51.000 cartones de tabaco
Detallando dicho avituallamiento, la cifra de cartones de tabaco recogida por los acusados habría ascendido a más de 51.000, lo que, en dinero, se traduce en « 2.237.954 euros », valora el escrito de acusación.
En cuanto a los impuestos, el de Labores de Tabaco, ascendería a 1.411.808,50 euros defraudados y el IVA sumaría una cantidad de 354.009,69 euros. Todos ellos entre los años 2010 y 2012.
Debido a estos hechos, la Fiscalía solicita dos penas diferentes en función de los acusados. Para los tres guardias civiles pide cinco años de prisión y una multa de 12 euros al día durante 21 meses. Incluye también en esta petición la inhabilitación especial para «empleo o cargo público durante los próximos seis años». Para los otros tres investigados, se solicitan cuatro años de prisión, así como la inhabilitación especial para el sufragio pasivo. Además, pide una multa de cinco millones de euros.
En cuanto a la responsabilidad civil, deberán abonar a la Agencia Tributaria 5.631,55 euros en concepto de deuda aduanera.
