Santiago aviva la guerra contra el piso turístico y multa con 10.000 euros

La guerra del concello de Santiago contra los pisos turísticos se recrudece en pleno arranque de la campaña estival. En una de las semanas con más reservas del año —la ciudad está al cien por cien de ocupación por el tirón de O Son do Camiño y su comarca al 94 por ciento— algunos dueños de apartamentos turísticos han empezado a recibir misivas en las que se les advierte de que sin licencia municipal no pueden continuar con su actividad y se les otorga un plazo «de tres días» para que cesen la explotación del inmueble. Lo siguiente, denuncian los afectados, es otra carta que informa de una propuesta de sanción por valor de 10.000 euros. Desde Aviturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, explican a ABC que ninguno de sus socios ha sido contactado aún pero son conocedores del problema, que tachan de «operación de acoso y derribo total» .

La polémica por los pisos turísticos en la ciudad viene de lejos. La capital lleva años tratando de limitar la expansión de unos negocios que copan sobre todo la zona monumental y que rondan los 720 pisos según el registro de viviendas de uso turístico de la Xunta (VUT) y los 900 atendiendo a los datos del ayuntamiento santiagués. Los intentos de modificación del plan regulador para poner coto a la apertura de este tipo de alojamientos fueron infructuosos y al amparo de la ley autonómica (que solo requiere darse de alta en el registro VUT de la Xunta) florecieron cientos de establecimientos. Cerrar aquellos que no cuentan con licencia municipal (solo 36 la tienen) y prohibir su apertura en el casco antiguo es un empeño del Gobierno de Xosé Sánchez Bugallo, que en más de una ocasión ha cargado contra este tipo de alojamiento criticando que alteran las estructural social de la ciudad y que expulsan de la zona vieja a los inquilinos tradicionales.

Pero los tribunales no lo han considerado así y hasta tres sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) echaron por tierra el artículo 143 bis del Plan Xeral de Ordenación Municipal, mediante el cual el Gobierno local pretendía prohibir los pisos turísticos en el casco viejo . A lo que ahora se aferra el Gobierno local para imponer multas a estos establecimientos es a una sentencia que obliga al cierre de uno de estos pisos por carecer de licencia municipal, lo que allanó el camino al concello compostelano para hacer extensiva la decisión judicial al resto de establecimientos VUT de la urbe.

Los propietarios mantienen que hasta nueva orden los dueños de una vivienda turística solo tienen que inscribirse en el registro autonómico que depende de la Xunta, y que otorga el derecho a funcionar como piso turístico. Además, critican el momento elegido para empezar a responder a una alegaciones —las de los particulares a los que ya se les había pedido la licencia— que «llevan dos años en un cajón». «Se escudan en una sentencia que es muy concreta y que afecta a una única vivienda, que no tiene nada que ver con el resto de propietarios de VUT» manifiesta Dulcinea Aguín, portavoz de Aviturga. También afean al ayuntamiento el momento elegido para iniciar la ofensiva: «Inician una persecución sin tener en cuenta que estas personas tienen reservas para todo el verano , que esos clientes pueden pedirles daños y perjuicios y que no hay donde recolocarlos» expresa Aguín, que mantiene que el ayuntamiento nunca les ha podido trasladar «en qué epígrafe normativo se requiere esa licencia».

En este enfrentamiento de posturas encontradas, los dueños de las VUT se quejan de que se los está «demonizando» y critican que el ayuntamiento esté errando el tiro. « En Santiago hay negocios sin licencias municipal que llevan años funcionando y no pasa nada . No se los ataca. También hay pisos que están funcionando sin estar inscritos en el registro de la Xunta pero tampoco se los denuncia. Nos vamos a defender» aseguran desde Aviturga. Raxoi, en la parte que le toca, no duda de que el diagnóstico judicial se puede hacer extensivo a toda la ciudad, argumentando que la setencia de la que deriva la controversia califica esta actividad como «terciaria». Además, inciden desde el concello en que exigir una licencia municipal de este tipo es un derecho constitucional para cualquier municipio y abren la puerta a seguir el ejemplo de otras ciudades españolas en las que la sobresaturación de estos establecimientos obligó a extremar la normativa y prohibir su apertura por zonas.

Mientras unos hablan de que lo esencial es «conservar a identidad de la ciudad histórica» para evitar que la zona vieja se convierta en un parque temático, otros alaban las ventajas de un modelo de alojamiento que ha ganado enteros en los últimos años como una nueva forma de viajar y de moverse por el mundo. « Vamos a seguir haciendo de Santiago una ciudad con un modelo alojativo muy demandando nacionalmente e internacionalmente y poniéndola en valor» afirman desde Aviturga, en pleno tira y afloja por su supervivencia.