Rosalina Carrera, nueva fiscal autonómica de Violencia sobre la Mujer
Galicia se convierte en la cuarta autonomía que incorpora esta figura especializada
Con cinco años de experiencia al frente de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Pontevedra a sus espaldas, Rosalina Carrera Cotado se convierte en la primera delegada de rango autonómico en materia de violencia machista , situando a Galicia como la cuarta autonomía con una fiscalía especializada en la persecución de los delitos por desigualdad de género, siguiendo los pasos de Andalucía, Cataluña y Castilla y León.
A principios de diciembre, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, anunciaba la próxima habilitación de esta figura especializada para reforzar la lucha judicial contra la lacra del maltrato y mejorar la coordinación de los órganos autonómicos con la Unidad Especializada de Violencia sobre la Mujer. Apenas quince días después, la Fiscalía Superior de Galicia comunicaba ayer el nombramiento de Carrera, efectuado por el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, a propuesta de la unidad estatal especializada y de la Fiscalía gallega. En el nombramiento, Sánchez Melgar subraya la «acreditada cualificación y relevante capacidad profesional y técnica» de Rosalina Carrera.
La nueva fiscal autonómica de Violencia sobre la Mujer asume la supervisión y coordinación de los fiscales especializados en la materia y servirá de enlace con la Fiscalía de Sala dependiente de la Fiscalía General del Estado. Con esta nueva figura, apuntó al Fiscalía Superior de Galicia, se busca «fortalecer la lucha contra la violencia machista y dar una respuesta eficaz a este tipo de delincuencia, manteniendo la necesaria unidad de actuación del Ministerio Público, avanzando en la protección de las víctimas, la reparación del daño y la seguridad jurídica de los procedimientos judiciales ».
A la espera de los datos del último trimestre de 2017, entre enero y septiembre de ese año se formularon en Galicia casi cinco mil denuncias por violencia machista, un 18,4% que en igual periodo de 2016. También creció, un 14,4%, la cifra de órdenes de protección solicitadas, continuando la tendencia observada en 2016, con incrementos del 9 y del 8%, respectivamente.
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