Polémica con el Gobierno socialista
Rechazo unánime en Santiago y Lugo al «no» de Justicia a ampliar sus juzgados
El Ejecutivo central desoyó la petición de la Xunta de crear tres nuevas unidades de lo Social en estas urbes
El Gobierno gallego, los partidos de ambas corporaciones, sindicatos y abogados expresaron su malestar
Un rechazo unánime. La decisión del Ministerio de Justicia de descartar la creación de tres juzgados de lo Social en Lugo y Santiago desató este viernes el malestar de todo tipo de organismos públicos, entidades y colectivos de ambas urbes , desde el Gobierno gallego pasando por todos los partidos de ambas corporaciones locales hasta asociaciones sindicales o colectivos de abogados. Fue el pasado jueves cuando el Gobierno central confirmó a través de un oficio que autorizaba la creación de tres unidades judiciales para Galicia, dos para La Coruña y una para Vigo. Sin embargo, la propuesta trasladada por el Gobierno gallego —consensuada con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el marco de la comisión mixta de Justicia— subrayaba como «prioritaria» la autorización de esos tres nuevos juzgados en Santiago y Lugo.
Esta decisión del Ejecutivo socialista dejó estupefacto al Gobierno gallego, ya que el procedimiento habitual en anteriores ocasiones era que el Ministerio atendiese las demandas de Xunta y TSXG, fundamentadas en un análisis de la carga de trabajo y la necesidad de medios en cada uno de los órganos judiciales. De hecho, según los datos manejados por la Dirección Xeral de Xustiza, los juzgados de lo Social de Santiago y Lugo son los más saturados de toda Galicia. «Nuestra propuesta siempre era atendida por el Ministerio. Se creaban esos juzgados y, después de su puesta en marcha, la mayor parte del coste económico era asumido por la Xunta», explicó el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
La reacción inmediata por parte del Gobierno gallego ha sido la de convocar para el lunes una nueva reunión de la comisión mixta de Justicia para valorar los detalles de la respuesta que formularán a la decisión del Gobierno central. Tal y como avanzó Rueda, volverán a revisar los datos de cada órgano judicial para elaborar un informe que remitirán al Ministerio con el fin de que el Ejecutivo socialista «entre en razón». «Son muchas las necesidades de la Justicia, y si hubiese necesidad de crear más órganos nosotros crearíamos más, pero si solo son tres, los tres más prioritarios son estos », subrayó el vicepresidente en declaraciones a los medios de comunicación.
Protesta en los concellos
La decisión del Gobierno central desató un reguero de manifestaciones de disconformidad en el que coincidieron todas las fuerzas políticas que conforman los concellos de Santiago y Lugo. En el caso de la capital gallega, horas después de conocerse la noticia, el pleno de la corporación aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que expresaron su «rechazo» a esta medida . Por su parte, el ayuntamiento de Lugo realizará una acción similar y, tal y como confirmó la alcaldesa Lara Méndez, promoverán otra declaración institucional en este mismo sentido.
Además, el alcalde de Santiago dirigió ayer una carta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la que la invita a reconsiderar la decisión de denegar un nuevo órgano judicial para la ciudad, «capital de Galicia dentro de un área metropolitana de casi 200.000 habitantes». En su misiva, además de adjuntar la declaración institucional respaldada por todos los grupos políticos con representación en el Pazo de Raxoi, el regidor recuerda que el consistorio compostelano «ha estado demandando la creación de nuevos servicios judiciales durante años para evitar el atasco que existe en las salas existentes».
En términos similares se expresó su homóloga en Lugo, Lara Méndez, que insistió en que pese a compartir colores políticos, el Gobierno local «va a defender y reivindicar» las necesidades de la ciudad. Méndez consideró que el juzgado de lo Social que descartó el Ministerio es «necesario e importante» para la ciudadanía de la capital lucense y de su área de influencia.
Junto a ambos regidores, expresaron su malestar por esta medida el vicepresidente de la Diputación de Lugo, el socialista Argelio Fernández, o los responsables del Colegio Provincial de Abogados de la ciudad de la Muralla, que rechazaron esta decisión «injusta y discriminatoria». También el sindicato CIG convocó en la mañana de ayer una concentración a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Lugo a modo de protesta.
