Los pro-okupas sacuden Santiago con permiso del alcalde

El desalojo por orden judicial de un local okupado en el centro del casco histórico compostelano desató, el pasado 30 de mayo, una ola de protestas en la capital gallega que suma ya tres manifestaciones de carácter ilegal en solo diez días . La primera se produjo pocas horas después de que la policía clausurase el inmueble privado que un colectivo convirtió en una suerte de centro social, con clases de judo y barra de bar incluidos. Desde el ayuntamiento de la capital gallega, liderado por el populista Martiño Noriega , calificaron la actitud de los okupas de «modélica» y la actuación policial de «desproporcionada» , pero lo cierto es que pocas horas después de la clausura de este local la tensión se trasladó a las calles de la ciudad.

La convocatoria corrió rápidamente por las redes sociales y logró movilizar a dos centenares de personas que, lanza en mano, plantaron cara a los antidisturbios que trataban de controlarlos. Hubo lanzamientos de bengalas, de piedras, de tapas de alcantarillas y de tuercas. También contenedores ardiendo muy cerca de vehículos y viviendas y un saldo de seis agentes heridos con lesiones de diversas consideración. Cuatro de ellos siguen de baja médica, pero el Gobierno local no llegó a condenar los hechos y los enmarcó en un contexto de protesta social . Es más, tan solo unas horas después de esta primera tanda de disturbios, dos técnicos municipales abrieron expediente al dueño del local okupado por el tipo de tapiado realizado en el inmueble para evitar nuevas entradas, argumentando que en la zona histórica no se puede emplear ladrillo.

Esta primera reyerta, que acabó con una persona detenida, tuvo continuación al día siguiente. Con más presencia policial que en la jornada anterior, en esta ocasión los manifestantes aumentaron en número aunque no en brutalidad y la protesta (también al margen de la legalidad) se desarrolló sin incidentes de calado. Pero ese mismo día y, según fuentes policiales, se empezó a organizar una nueva quedada que derivó en los disturbios del pasado sábado . Esta vez la convocatoria tampoco contó con los preceptivos permisos de la Delegación del Gobierno, pese a que la cifra de participantes alcanzó los 700. El grupo más violento, alrededor de cien personas, se amotinó en el patio de un antiguo colegio a grito de «un desalojo, una okupación».

El helicóptero que los seguía detectó desde el aire la entrada al recinto de bolsas en las que más tarde se hallaron taladros, martillos y hasta un bidón de gasolina, por lo que se procedió al desalojo del lugar para evitar que los antisistema accediesen al edificio , que permanece tapiado por seguridad. La intervención se desarrolló de manera pacífica pese a la resistencia de algunos de los participantes. En las calles anexas, la presión del resto de manifestantes sí obligó a una carga disuasoria con botes de humo y pelotas de goma para evitar que los pro-okupas saltasen el cordón policial y la situación derivase en una batalla campal. La noche finalizó con dos personas arrestadas y cientos de identificados , entre ellos muchos manifestantes llegados de Asturias, Burgos (relacionados con los disturbios del Gamonal) o Portugal. La gravedad de estos últimos incidentes suscitó los reproches de los sindicatos policiales, de los grupos municipales y de la propia Xunta, que exigen al regidor rupturista que abandone la «tibieza» de su discurso ante una situación que «se le ha ido de la manos».

Frente a las críticas, Martiño Noriega, de la formación Compostela Aberta, no dudó ayer en alabar la «resistencia pasiva» demostrada por los pro-okupas y evitó condenar sus acciones anotando que continuará «la interlocución y el diálogo» con estos colectivos. Las fuerzas de seguridad, por su parte, temen nuevas sacudidas y mantienen el control a través de las redes sociales, principal escenario de interlocución de estos grupos.