PP y PSOE creen que el giro de la causa no justifica una comisión

El giro en la investigación del accidente de Angrois no cambia la negativa de PP y PSOE a crear una comisión en sede parlamentaria para investigar las causas del siniestro ferroviario. Los portavoces de ambos grupos en la Cámara autonómica, Pedro Puy y Xoaquín Fernández Leiceaga, insistieron ayer en que el Parlamento gallego «no tiene competencias» para analizar la tragedia ante las reclamaciones de BNG y En Marea, que reivindicaron que la imputación por presunto homicidio imprudente del exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif hace más necesaria que nunca la puesta en marcha de una investigación para dirimir las responsabilidades políticas del accidente.

Tanto nacionalistas como rupturistas instaron al PSOE a activar la comisión de forma automática , recurriendo al mecanismo previsto tras la modificación del reglamento de la Cámara que permite a los grupos de la oposición crear una investigación parlamentaria a lo largo de la legislatura sin contar con los votos de PP. Una opción que desechó el portavoz parlamentario del PSdeG quien, aunque calificó como positivo el auto del juez instructor , cree que no introduce «ninguna novedad» que haga cambiar la postura de los socialistas.

En el mismo sentido, el portavoz popular señaló que la Cámara gallega solo puede fiscalizar los asuntos de competencia autonómica, por lo que el foro adecuado para crear dicha comisión sería, en todo caso, el Congreso de los Diputados . Pedro Puy apuntó además que muchos de los posibles comparecientes podrían negarse a acudir al ser funcionarios del Estado y responder únicamente ante las Cortes Generales, algo que, en opinión del popular, «dificultaría alcanzar conclusiones».

Desde BNG y En Marea criticaron duramente la postura de populares y socialistas . Ana Pontón denunció que la creación de una comisión de investigación en sede parlamentaria es una «deuda ética y moral» con las víctimas de la tragedia, mientras que Luís Villares señaló que el auto del juez demuestra que «los recortes en materia de seguridad tienen consecuencias dramáticas» que PP y PSOE «pretenden ocultar».