El PP emplea el caso Duarte para atacar la credibilidad de En Marea

Paula Prado recrimina a Villares la «hipocresía» de En Marea, con un imputado en sus filas

La diputada Paula Prado, en una rueda de prensa en la sede del PPdeG MIGUEL MUÑIZ

M. N.

Después de algún choque menor durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, Paula Prado (PPdeG) y Luís Villares ( En Marea ) se tenían ganas. Fueron a encontrarse ayer —o mejor dicho, a no encontrarse— en la comparecencia del vicepresidente Alfonso Rueda para explicar los presupuestos de su departamento en 2017. El portavoz rupturista preguntó si en el plan de riesgos contra la corrupción de la Xunta se tendrá en cuenta la recepción de botellas de vino, en referencia a los regalos que presuntamente Feijóo recibió del propietario de Monbús, Raúl López. Fue entonces cuando se abrió la espita.

Mientras Villares insinuaba un delito de «cohecho pasivo impropio» nada menos que hacia el presidente de la Xunta, la diputada Paula Prado se lanzó contra la imputación del concejal de Urbanismo de Santiago, Jorge Duarte, por un delito de prevaricación administrativa. «¡Es que no es lo mismo cerrar un local cualquiera que la bodeguilla del independentismo!» , aseguró Prado, sobre el supuesto trato irregular del edil de Compostela Aberta hacia el pub «Tarasca» de la zona histórica. En su papel de látigo contra la oposición , la representante del grupo popular dijo basta ante la «hipocresía» y la «desfachatez» de la izquierda populista. Su comportamiento no se explica —continuó— si se tiene en cuenta que Yolanda Díaz (EU), una de las inspiradoras y fundadoras de plataformas como En Marea, «recibió botellas de vino» cuando ocupaba el cargo de teniente de alcalde en el concello de Ferrol. «No dijimos que fuese delito», matizó Villares. Otros portavoces se sumaron al particular resumen de las supuestas prácticas poco éticas que lleva a cabo la Xunta, en el que incluyeron un gasto sobredimensionado en personal de confianza para la consellería de Rueda. Según el vicepresidente, la cifra de 750.000 euros es «discutible», en tanto en cuanto es menor que la repartida por el bipartito. La respuesta se la dio al socialista Villoslada después de que, como estaba previsto, se volviera a abordar la fecha de llegada del AVE a Galicia. El segundo de a bordo de la Xunta lamentó que la oposición redujera los obstáculos en la obra a un hipotético «servilismo» entre administraciones y recordó la respuesta «casi en tiempo real» del ministro de Fomento, en la que confirmó la vigencia del proyecto.

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