José Luis Méndez Romeu - Tribuna

Los populistas exigen privilegios

No es la nueva política, es demagogia ahora con ropaje posmoderno

Luís Villares, candidato frustrado a la Presidencia de la Xunta por En Marea, ha solicitado de su grupo, según los medios de comunicación, un complemento salarial, automóvil con conductor, asistente personal («para llevarle la agenda») y secretaria (así, en femenino). Además ha precisado que el complemento salarial sea legal.

Son manifestaciones, siendo benévolos, ingenuas, indicando desconocimiento de la realidad parlamentaria, pero siendo rigurosos, son impresentables viniendo de un juez, que al menos debe conocer la ley y que además impartía lecciones de moralidad durante la campaña.

Debe saber el nuevo diputado de la oposición, que el régimen parlamentario de dedicación exclusiva es incompatible con cualquier otro ingreso. Que entre las obligaciones tácitas del cargo está acudir a todos los puntos del territorio, por sus propios medios y asumiendo su coste, que ese trabajo implica la disponibilidad horaria máxima. También debe saber que el Parlamento sufraga los costes de algunos trabajadores al servicio de cada Grupo Parlamentario, además de otorgar subvenciones mensuales para la actividad parlamentaria, algo que también hace, con carácter anual, la Xunta de Galicia.

Debe saber que por todos esos conceptos el diputado recibirá aproximadamente 45.000 euros líquidos anuales, que no es una cifra excesiva si cumple con sus obligaciones pero que tampoco es una cifra menor en el contexto salarial actual. Y finalmente debe saber que al día siguiente de su cese deberá reincorporarse a su puesto de trabajo, si lo tiene, porque no tendrá ninguna cobertura ni indemnización. Y por supuesto considerar incluido en la nómina el desprestigio social máximo, no por universal menos incómodo.

Esas son las reglas actuales, que nadie ha cuestionado durante los últimos años. Ha tenido que llegar el Sr. Villares para quejarse de la insuficiencia de recursos. Procedente de una actividad como la judicatura, cómoda en términos laborales y razonablemente retribuida, se sorprende porque sus nuevos ingresos no son suficientes. Es posible que haya soñado en exceso con el nivel retributivo del presidente de la Xunta (75.000 euros brutos, una residencia de 12 millones de euros y cinco hectáreas, gastos de la misma y otros gastos asociados a la función presidencial en forma de personal, vehículos y servicios) o con las retribuciones del presidente del Parlamento, 100.000 euros más coche y residencia oficial, similares a las que recibe la Valedora do Pobo, ésta sin residencia.

Pero las urnas le han deparado un escaño en la oposición. Antes de formular propuesta alguna que interese a los ciudadanos, ha reclamado sus privilegios, tanto más exorbitantes cuanto que no están regulados. Serían estrictamente prebendas personales. No es extraño que la noticia la hayan filtrado sus compañeros de Podemos, en un primer cuestionamiento del nuevo portavoz.

Quienes hicieron de la llamada casta política argumento electoral, son ahora víctimas de sus palabras. La alcaldesa de Barcelona ha incurrido en nepotismo, colocando cuanto antes a su pareja, como han hecho los dirigentes estatales de Podemos, quienes además han demostrado que ante los impuestos (Monedero) o los contratos (Errejón), una cosa es predicar y otra distinta cumplir como todos los ciudadanos. O como los alcaldes de Coruña o Santiago, que están rectificando su discurso sobre salarios y medios de trabajo, aduciendo que la nueva realidad obliga a reconsiderar sus posiciones iniciales.

Lo que no ha variado hasta ahora es la escasa capacidad de gestión de todos los citados, más interesados en rodear el Parlamento que en formar gobierno, en promover la ruptura de la convivencia que en mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de los ciudadanos. No es la nueva política, es la vieja demagogia ahora con ropaje posmoderno, o sea, populista.

José Luis Méndez Romeu Ex portavoz parlamentario del Grupo Socialista gallego

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