El plan para salvar Alcoa se retrasa tras el varapalo de Competencia

Los trabajadores de Alcoa tendrán que esperar. El Gobierno de Pedro Sánchez no aprobará mañana en el Consejo de Ministros el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, el conjunto de medidas para intentar rebajar la factura de la luz y lograr que este tipo de industrias sean competitivas. El Ejecutivo dio marcha atrás en sus planes después de conocer el dictamen Competencia, en el que advierte que algunas de las propuestas podrían tener problemas en la Unión Europea al considerarse ayudas de Estado.

El organismo recomienda un análisis más profundo de cada una de las medidas, que no aprecia en el borrador enviado por el Ministerio de Transición Ecológica. Pide también que se tengan en cuenta las fórmulas de apoyo para abaratar el precio de la luz a este tipo de industria que han sido aprobadas en otros países y que cuenten ya con la autorización de la Comisión Europea.

La aprobación del estatuto es clave para que dé el paso alguno de los inversores interesados en comprar las plantas que la multinacional estadounidense Alcoa pretende cerrar en La Coruña y Avilés y en las que trabajan unas 700 personas. El borrador presentado ya no había gustado ni a la patronal del sector, ni a los sindicatos, ni a la Xunta de Galicia, ni a la propia Alcoa, que consideran que tal como está redactado no sería suficiente para salvar a las factorías de Alcoa ni a otras como Ferroatlántica, que también atraviesan problemas. Ahora el texto final dependerá del Gobierno que salga de las elecciones el próximo domingo . El tiempo se echa encima para la plantilla de Alcoa, dado que la multinacional sólo recibirá ofertas hasta el próximo 30 de junio.

En su informe, Competencia explica que el estatuto establece mecanismos indeterminados de ayuda, «que quedan condicionados a una regulación futura vía orden ministerial o bien a la existencia de disponibilidad presupuestaria (mecanismos de compensación de costes de emisiones, revisión de coeficientes de pérdidas y la cobertura de riesgos para contratos a largo plazo)». El organismo asegura que las medidas para el CO2 (el principal gas responsable del cambio climático) son aceptadas por la Comisión Europea. Sin embargo, censura que sobre el resto de propuestas «no se tiene conocimiento» de que haya sido realizado «el pertinente estudio de adecuación a la normativa de ayudas de Estado» . La CNMC recomienda al Gobierno que actúe «siguiendo el criterio de prudencia» para evitar inseguridad jurídica en el futuro.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, fue esta tarde el encargado de transmitir la noticia al comité de empresa de Alcoa en La Coruña. Losada aseveró que se toma la decisión para «revaluar» y estudiar con calma las medidas para abaratar la factura de la luz para «conseguir la máxima seguridad jurídica» . Destacó que el Gobierno realizó «todos los esfuerzos» para intentar aprobar con rapidez el texto y explicó que el proceso de venta de las plantas sigue adelante. «Aún estamos en el tiempo que nos han marcado», afirmó el representante del Ejecutivo de Sánchez para considerar que los posibles interesados «saben que el compromiso del Gobierno es hacer un estatuto que tenga la máxima seguridad».

Para los trabajadores, que a mediados de enero recibían la noticia de que podían perder sus empleos, el retraso en el paquete de medidas para abaratar la luz es un nuevo golpe. El comité de empresa de Alcoa en A Coruña, informa Efe, pidió «valentía» al Gobierno para defender el estatuto electrointensivo. Los sindicatos se preguntan si la decisión «es un boicot de la Unión Europea». Sus compañeros asturianos hablaron de «traición» por parte del Gobierno de Sánchez.