GALICIA

Pierden la custodia de sus hijos por llevarlos semidesnudos y con piojos

Un matrimonio de Orense ha sido condenado a tres meses de prisión por un delito grave de abandono

Varios menores a la salida de un colegio gallego MUÑIZ

P. Abet

En 2011, a unos padres orensanos le retiraron la custodia de sus cuatro hijos por las penosas condiciones en las que los pequeños estaban . Sin vacunas ni un seguimiento médico, los niños de entre cinco meses y seis años en el momento de los hechos iban semidesnudos y descalzos por la calle. Además, estaban llenos de piojos y no contaban con los mínimos estándares de higiene requeridos. Según el propio fiscal relató en el escrito de acusación de la vista oral, que tuvo lugar la pasada semana, «a nivel higiénico no les proporcionaron ropa adecuada permitiendo que los mismos fueran semidesnudos, con escasa ropa sucia y rota , sin calzar, con suciedad en todo el cuerpo y en cabeza hasta el punto que los mismos presentaban piojos en gran cantidad».

Su narración sobre el estado en el que los menores fueron hallados también resalta que a nivel sanitario no les proporcionaron las vacunas pertinentes ni asistencia sanitaria, permitiendo que los mismos «presentaran abundantes caries en la boca sin tratar médicamente» . Además, los niós no habían sido escolarizados.

La tutela, en manos de la Xunta

Tras tenerse conocimiento de la situación de los menores, se declaró el desamparo de los mismos por la Xunta asumiendo la tutela por los trámites de urgencia así como la continuidad de su internamiento, bajo la medida de acogimiento residencia, en la Minirresidencia Primera Infancia de Ourense. Su guarda se delegó a la dirección del centro bajo la vigilancia de la Entidad Pública, explica el Ministerio Público sobre la decisión de urgencia que se adoptó para poner fin a la situación en la que los niños malvivían.

Acusados de un delito de abandono de la familia, la madre y el padre de los menores aceptaron los hechos que se les imputan y llegaron a un acuerdo de conformidad para aceptar tres meses de prisión —el Ministerio Público solicitaba cuatro— y la retirada de la patria potestad durante un período de cinco años.

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