Penas mínimas para una trama que captaba trabajadores marroquíes para explotarles en granjas de Lugo

Engañaban a sus compatriotas, prometiéndoles buenos empleos en Galicia, y les exigían pagos de entre 8.000 y 14.000 euros por tramitar la documentación necesaria. Estaban conpinchados con un empresario del sector agropecuario lucense, que a su vez conocía a ganadores de la zona. Cuando llegaban a Galicia, especialmente a granjas de ría intensiva de aves, tenían que trabajar con condiciones laborales pésimas . En total, 17 investigados por la conocida como 'Operación Pollo', que, gracias a un pacto con la Fiscalía y las defensas, han conseguido evitarse sentarse en el banquillo y rebajar sus condenas a penas mínimas, que no superan los dos años de prisión. Son todos los implicados en la trama, menos uno: uno de los jefes de la organización, Mohamed Chahidi, permanece fugado y, por lo tanto, queda fuera de dicho acuerdo.

Sucedió entre los años 2006 y 2008 , pero la instrucción del caso se demoró más de diez años. No fue hasta mediados de 2019 que se cerró la investigación, y la Fiscalía reclamó para los dos máximos responsables penas de 44 y 20 años de prisión -la primera para el cabecilla, ahora fugado; la segunda, para el colíder-. Los trabajadores se veían obligados a grandes sacrificios para hacer frente al pago que le exigían los jefes de la trama para tramitar la documentación. Alguno incluso se vio obligado a vender sus propiedades.

Mohamed Chahidi contactó con un empresario lucense y se propusieron «enriquecerse captando extranjeros dispuestos a pagar dinero a cambio de trabajar en España», según relataba la Fiscalía en el escrito de acusación de cara al juicio que, finalmente, con el pacto se ha evitado. Una vez en territorio español, los trabajadores eran dados de alta a media jornada, para que el pago a la Seguridad Social fuese mínimo, pero se les obligaba a trabajar hasta 14 horas diarias en granjas de Castro de Rei y alrededores . Les negaban unas condiciones mínimas de salubridad y algunos incluso trabajaban descalzos. Solo se les permitía descansar una vez por semana, pagándoles sueldos muy por debajo de los salarios mínimos.

Pese a la sustancial rebaja de las penas, la Fiscalía de Lugo se da por satisfecha con un pacto: «Un acuerdo a la baja que supone que todas las personas a las que acusaba la Fiscalía serán condenadas en términos razonables , teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la gravedad de sus respectivos comportamientos y el hecho de que han consignado cantidades económicas relevantes para reparar el daño causado», ha defendido este jueves en un comunicado la Fiscalía Superior de Galicia. Las víctimas serán indemnizadas con cantidades que las acusaciones particulares han considerado adecuadas y que oscilan entre los 1.000 y los 3.100 euros.