El patrimonio de los narcos se podrá reutilizar antes de que lleguen a juicio

Los pazos, los yates, los coches de lujo y todos los bienes que suelen conformar el patrimonio de los grandes narcos ya no esperarán a que sus propietarios sean juzgados cogiendo polvo en un depósito o cerrados bajo llave. A partir de ahora, y a través de una iniciativa pionera en Galicia, estas valiosas posesiones pasarán a repercutir «casi de manera inmediata» en el conjunto de la sociedad . La idea —aupada por la Fundación Galega contra el Narcotráfico y que cuenta con el apoyo de la Xunta y del Colegio de Procuradores de La Coruña— tiene un fondo de justicia poética, el de evitar que los «grandes narcos que entran en prisión mantengan, pese a todo, las mansiones que han levantado a costa de la droga», explicó el gerente de la FGCN, Fernando Alonso a ABC. Según defienden desde esta asociación, que también lucha por el cumplimiento íntegro de las condenas , la mejora en la gestión de los bienes incautados era «una asignatura pendiente en la jurisdicción penal, en los tribunales y en los juzgados desde hace tiempo».

Durante la presentación de esta iniciativa ayer en Santiago, Alonso echó mano del ejemplo más común. «Esto sucede con los coches que hoy se incautan en un operativo. Dentro de dos días no valen nada, y dentro de tres nos cuestan dinero a todos. Ahora, esta gestión inmediata se podrá hacer, bien a través de la venta para asegurar la recaudación para el Estado , bien mediante la cesión para uso social de las propiedades que por distintas razones no pueden ser vendidas», ahondó el gerente de la plataforma antidroga. Este paso adelante implica que el vehículo que los agentes incauten al narco podrá ser cedido a un comedor social o su móvil y su ordenador entregados a una oficina de atención a drogodependientes. Y todo ello sin necesidad de esperar una condena que puede tardar años en llegar .

Serán los procuradores los que se encarguen de conservar estas propiedades mientras evalúan su valor en el mercado. Una vez constatado, indicarán posibles destinos para que «el juez tome las decisiones oportunas y evitar que el valor se convierta en chatarra». En el capítulo de ahorro, se pondrá límite a pagos como la comunidad de las casas de los traficantes , el seguros de sus coches o la propia ITV, de la que hasta el momento debían encargarse los juzgados.

Las jornadas en las que se presentó este proyecto contaron con la participación, entre otros, del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que se encargó de clausurar el congreso dedicado al Nuevo Servicio de Gestión de Bienes Muebles decomisados al narcotráfico en Galicia (SXB). Durante la jornada, expertos en el ámbito penal abordaron los cambios legislativos que permiten que «todos los bienes que puedan proceder de una actividad delictiva y cuyo origen no pueda acreditarse, puedan ser intervenidos» . A esta cuestión se refirió el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, que puso sobre la mesa la diferencia entre una pena y el decomiso, «que no lo es».

«Para decomisar una propiedad basta con que existan indicios objetivos y razonables. Para condenar a alguien necesitamos mucho más que para incautar», aseguró para ahondar que «si el decomiso fuese una pena, su regulación sería anticonstitucional».

Por su parte, el presidente de la Fundación Galega aseguró que «no pueden ser los narcos los que ganen la partida», al asegurar que «los traficantes se meten en esto por dinero, que los chicos mueran a causa de la droga es solo para ellos un daño colateral». En su intervención, el ministro de Justicia aclaró que esta iniciativa pionera —que se exportará al resto del país— «permitirá llevar a cabo el abono de las indemnizaciones a las víctimas» y que el sobrante se destine a actividades de apoyo. La iniciativa, que se prueba en la Comunidad gallega desde finales del pasado año, ya tramita el destino de media docena de vehículos que fueron intervenidos en dos causas distintas por tráfico de drogas, una de ellas instruida desde la Audiencia Nacional.