EL FUTURO DE LA PRODUCCIÓN DE ALUMINIO
Parter traslada a la plantilla de Alcoa que quiere quedarse más de dos años
Los sindicatos aún no dan el visto bueno a la operación de venta y mañana continúan las reuniones en Madrid. El Gobierno promete al fondo suizo establecer una regulación que permita rebajar entre 12 y 15 euros el MW/h
El fondo suizo Parter trata de convencer a la plantilla de Alcoa de que cuenta con un proyecto industrial de futuro para las plantas de La Coruña y Avilés. En una maratoniana reunión que comenzó a las once de la mañana y se prolongó hasta pasadas las ocho de la tarde, trasladó a los representantes de los trabajadores que pretende seguir produciendo aluminio más allá de los dos años que se ha comprometido en el preacuerdo de venta con la multinacional estadounidense.
La pelota sigue en el tejado de la plantilla, que en los últimos días ha mostrado su desconfianza sobre las intenciones del fondo. Los trabajadores deben dar el visto bueno a la venta para que se haga efectiva antes del próximo domingo, 30 de junio. En cinco días expira el plazo acordado en enero por el que Alcoa daba marcha atrás en sus planes iniciales de cierre y se mostraba dispuesta a buscar un inversor que se hiciese cargo de las factorías. Pero todavía no acaban de fiarse y hoy tendrán una nueva reunión con Alcoa, según informó el comité de empresa de La Coruña.
Según informaron a Ep fuentes de la reunión, Parter trasladó a los sindicatos de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés que «ha venido para quedarse » y que su intención es garantizar el empleo y la actividad industrial más allá de dos años. El fondo suizo señaló que su voluntad es dedicarse a la producción de aluminio de alto valor añadido para los sectores de automoción y aeronáutica.
Según el preacuerdo alcanzado, Alcoa cederá gratis las factorías a Parter. El fondo se las queda a cambio de garantizar los casi 700 empleos de La Coruña y Avilés durante dos años. La multinacional estadounidense se ahorra, sin embargo, el dinero que tendría que poner sobre la mesa para las indemnizaciones por despido, las prejubilaciones o la recolocación de parte de la plantilla en la factoría de San Cibrao, que continuará en sus manos. El plan social asociado al cierre le costaría unos 200 millones de euros. Pero Alcoa se compromete además a poner encima de la mesa 40 millones de su bolsillo para reactivar las cubas de electrolisis (necesarias para la producción del aluminio primario) que fueron apagadas en La Coruña y Avilés a principios de este año. Sin recurrir a las cubas, en las plantas puede aprovecharse la fundición y producir aluminio reciclado.
Según el comité coruñés, Parter vincula el mantenimiento del 100% de la plantilla al rearranque de estas series . Hasta que el escenario sea el adecuado para la viabilidad de la planta —es decir, se rebajen los precios eléctricos—, las cubas se mantendrán en su actual estado, apagadas pero con posibilidad de volver a ponerlas en funcionamiento. El Gobierno central, por su parte, informan los trabajadores, entregó una carta al fondo en el que promete poner en marcha medidas que rebajen la factura eléctrica entre 12 y 15 euros el megavatio/hora.
La plantilla tiene cada vez menos tiempo para decidir si se fía de Parter o si prefiere el plan social que ofrece Alcoa para los despidos y recolocaciones. El fondo suizo también ofreció a la plantilla una salida para aquellos trabajadores que no quieran continuar en la planta más allá del uno de julio.
El comité de empresa de La Coruña se ha mostrado en estos días muy crítico con el Ministerio de Industria. Acusan al departamento de Reyes Maroto de lavarse las manos y no garantizar que la venta vaya acompañada por un proyecto industrial viable y con continuidad más allá de dos años. También de no haber aprobado el paquete de medidas necesario para abaratar la luz a las industrias que, como Alcoa, necesitan consumir ingentes cantidades de energía para sus procesos productivos. Sin estatuto para las electrointensivas, la mayor parte de las ayudas a esta industria se concentran en las compensaciones por el servicio de interrumpibilidad. La subasta se celebró la semana pasada y la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, Aege, denunció este lunes que la retribución anual del servicio quedó en 196 millones de euros, casi un 40% menos que en 2018 . En un comunicado, Aege mostró su preocupación porque el peso de la industria en el PIB español supone apenas el 12,6% frente a un objetivo del 20%. También insistió en que precio final de electricidad es de 20 a 25 €/MWh más caro que el que pagan las mismas industrias en Francia y Alemania.
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