El otro brazo de Resistencia Galega, a juicio

Los que durante años jalearon, presuntamente, la violencia con la que la banda armada Resistencia Galega trataba de imponer la independencia en tierras gallega se sientan ahora en el banquillo de la Audiencia Nacional. Ante el tribunal en esta causa por enaltecimiento del terrorismo responden quienes movían los hilos de dos plataformas que, según la tesis de la Fiscalía y de los propios investigadores, daban soporte a la última organización terrorista activa en España hasta la caída de sus dos cabecillas en verano de 2019. Vinculados a Causa Galiza y Ceivar, los dos grupúsculos ahora en cuestión, estaban doce de los acusados para los que el Ministerio Público reclama penas de entre cuatro y doce años de prisión . Algunos de sus nombres no son nuevos: Alfonso García, Uxío Caamaño e Iria Calvelo (miembros de Ceivar) y Óscar Gómez Crespo, Juan José Pérez Lorenzo, Salvador Gómez Crespo, Borja Mejuto, José Antonio Fernández González, José Antonio González Maceiras, Enrique Torres, Isabel Iglesias y Antón Arias, todos ellos simpatizantes de Causa Galiza.

Durante las sesiones de juicio que esta semana tuvieron lugar en la Audiencia madrileña todos los acusados jugaron a desvincularse, de uno u otro modo, de su supuesto apoyo a Resistencia Galega , una banda nacida en 2005 y con más de medio centenar de atentados en su haber. El principal argumento esgrimido por los acusados radica en que nunca llamaron a la violencia en sus actos y solo se dedicaban a defender con «orgullo» los derechos de aquellos que se encuentran «privados de libertad», sin importar su ideología política. Con la celebración del Día de Galiza Combatente y los recibimientos de bienvenida de presos de RG en el centro del debate, los acusados se enrocaron en que «solo defendíamos la independencia de Galicia» . Una versión que contrasta con los testimonios de quienes se dedicaron a investigar el día a día de estas dos organizaciones y a atar cabos hasta llevar a las detenciones derivadas de las Operaciones Jaro I y Jaro II , desarrolladas entre 2015 y 2017.

Para los agentes dedicados a la lucha contra la violencia armada, el escenario está claro. Estas dos organizaciones —según mantuvo el efectivo al mando de las pesquisas en su intervención— daban soporte a Resistencia Galega a través de sus acciones. A través de sus declaraciones en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, los investigadores corroboraron que estos dos grupos pretendían crean una entidad independiente que los coordinara , junto con una asociación juvenil, con el objetivo de legitimar el empleo de la violencia en Galicia para lograr sus fines independentistas. Los datos que lograron recabar también afianzaron la sospecha de que ambas organizaciones eran complementarias y llevaban a cabo acciones coordinadas. Atendiendo a la documentación recogida sobre Causa Galiza, estos testigos demostraron que había doble militancia entre las organizaciones, ya que sus miembros militaban tanto en ésta como en Ceivar.

Respecto al Día da Galiza Combatente, el fiscal del caso reiteró en su conclusión que, independientemente de cuál sea el origen histórico de la fecha, Causa Galiza transformó esta celebración en un homenaje a Lola Castro y José Vilar , dos terroristas del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive que fallecieron el 11 de octubre de 1991 al estallar el artefacto explosivo que estaban colocando en una discoteca de Santiago de Compostela, lo que dejó un tercer muerto y más de 50 heridos. Ahondado en este apoyo explícito, el representante fiscal citó el discurso pronunciado por Enrique Torres (uno de los acusados) en uno de estos días de Galiza Combatente, que fue difundido posteriormente por varios procesados más a través de Twitter, y en el que expresó: «Estamos aquí para recordar a Lola y Xosé, no porque seamos mitómanos (...), sino más como un compromiso presente que como la memoria de nuestra lucha». Acerca del papel de Causa Galiza en este «conglomerado», el agente de Inteligencia que se encargó de analizar la documentación intervenida manifestó en sala que no hay duda de que Causa Galiza «legitima todos los medios de lucha, legales o ilegales, para conseguir la independencia de Galicia».

En el caso de Ceivar, las sucesivas declaraciones de los agentes también resultaron reveladoras. «Ceivar organiza los recibimientos a los presos cuando salen de la cárcel y les da apoyo dentro de prisión y asistencia jurídica en todo el proceso». En cuanto a esta organización, los agentes la vincularon directamente a la creación del Colectivo de Presos Independentistas Gallegos (CPIG) que, si bien aclararon que no solo estaba conformado por reos de Resistencia Galega, sí estaba «copado» por ellos o por «gente que ha empezado a atentar o cometer acciones a partir de 2005» , cuando aparece el primer manifiesto de la organización terrorista. «El CPIG funciona con una gran disciplina que vendría marcada por Ceivar», de modo que solo quienes siguen sus directrices —por ejemplo, no aceptar beneficios penitenciarios individuales— reciben su apoyo en asistencia jurídica, económico con ingresos mensuales y de «solidaridad» con marchas a cárceles. Eso sí, aquellos que se desmarcaban de la línea fijada, dejaban de percibir la ayuda de Ceivar.

Las acusaciones a las que los doce procesados se enfrentan fueron criticadas por el BNG y Anova, que participaron de una marcha al grito de «no son terroristas, son independentistas», negando la denuncia de investigación y Fiscalía y defendiendo las actuaciones de las dos organizaciones, que podrían ser definitivamente ilegalizadas una vez se dice sentencia. El juicio se reanudará el día 3 de noviembre con los alegatos de las defensas.