La oposición reclama a la Xunta medidas para paliar los efectos de la invasión de Ucrania
El Grupo Popular, con su propia PNL, pide dar una respuesta unidad y coordinada entre administraciones; y a la oposición, «estar más a la altura»
Separados por un margen de media hora, los portavoces de la oposición en el Parlamento autonómico emplazaron este lunes a la Xunta a adoptar una batería de medidas para paliar los efectos que la invasión rusa en Ucrania están provocando tanto en los bolsillos de los gallegos como en las cuentas de resultados de las empresas; señaladamente, los precios, disparados, de energía, combustibles, alimentos, cereales o fertilizantes. El socialista Luis Álvarez demandó que «dentro de sus amplias competencias estatutarias y su capacidad económica, la Xunta también se convierta en agente activo»; la nacionalista Olalla Rodil -su jefa, Ana Pontón, sigue de baja por Covid- señaló que Alberto Núñez Feijóo, «además de pedir, puede ponerse a trabajar ya cuando acabe su gira».
El PSOE registró una iniciativa con casi una docena de propuestas entre las que llama la atención la supresión «transitoria de los peajes en las autopistas gallegas», pero en las de titularidad estatal se aboga por «compensar económica a los (...) transportistas». «No me dejó de llamar la atención», replicó el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, al poner el dedo en la llaga de ese doble rasero. «No es coherente y no es la actitud que debemos tener los grupos», censuró.
Los socialistas también piden ayudas directas para pymes y autónomos, para los sectores marítimo, agrícola y ganadero; y bonificaciones extraordinarias de impuestos de carácter autonómico. «El discurso por parte del PPdeG de que es el mismo PSdeG de siempre se desmonta», pregonó Álvarez. «Se pide un plan de choque a la Administración general del Estado y al gobierno autonómico». Son, insistió, «conscientes» de que el Ejecutivo central debe activar «medidas de forma inmediata», pero también la Xunta, «dentro de la corresponsabilidad».
Por parte del BNG se plantearon «cinco propuestas realistas, justas y factibles», a modo de «bombona de oxígeno», que mezclan competencias autonómicas y estatales, para «rescatar a las personas y a los sectores más afectados». Un tótum revolutum que abarca desde bajar el IVA el alimentación, higiene, electricidad (éste, al súper reducido con carácter permanente) e hidrocarburos (temporal), a intervenir públicamente los beneficios de las eléctricas («estamos pagando salchichón a precio de percebes», clamó Rodil), pasando por subidas de Salario Mínimo Interprofesional y pensiones, incluido el complemento autonómico, a actualizar la subida del Ingreso Mínimo Vital y la Risga, entre otras acciones, algunas acometibles desde San Caetano y otras totalmente fuera de su radio de acción.
A su vez, el Grupo Popular registró otra PNL que incluye, como medidas a demandar desde la Xunta a Moncloa, bajar los impuestos de electricidad, gas y carburantes; medidas específicas para los sectores más afectados; «rectificar la política energética abrupta»; y revertir las subidas de impuestos, «descartando la implantación de peajes en las autovías».
Consenso
«Debemos actuar en todos los frentes, a ser posible, de forma consensuada y unida», abogó Puy. El portavoz popular defendió que esa es la «filosofía» que impregna la batería de medidas que plantea su grupo; y que camina en la dirección trazada en la conferencia de presidentes del pasado fin de semana, donde destacó el rol jugado por Feijóo al arrancar a Pedro Sánchez el compromiso de «aliviar la carga fiscal de algunos tributos». «Me congratulo del consenso», valoró el clima del foro de La Palma, remarcando que el titular de la Xunta, además de trasladar las propuestas de Galicia frente a la crisis, dio su respaldo al Gobierno y demandó coordinación a nivel europeo. En esa línea se movió Puy, quien subrayó que «buena parte de las respuestas tienen que ser coordinadas con la Unión Europea», que «tiene que volver a desempeñar un papel fundamental»; y además, coordinarse con el Gobierno, en quien recae la «importante» baza de la «política fiscal».
La «actitud», subrayó, debe pasar por «trabajar conjuntamente, de forma coordinada, todas las administraciones». Por el contrario, «focalizar», argumentó, todas las demandas en «una única administración», «conduce a la frustración». «Coordinación amplia»: esa fue su receta. Una «actuación conjunta a todos los niveles», que parta de Bruselas y pase por Madrid, pero no acabe en San Caetano, sino que llegue también a los gobiernos locales. Y un recado a la izquierda gallega: «Espero que la oposición esté un poco más a la altura, como creo que estuvieron todos los presidentes autonómicos en La Palma; y como espero y deseo que esté la UE».
