La oposición exige a la alcaldesa socialista de La Coruña que acate la sentencia y aparte a la exedil de Ciudadanos

La reciente sentencia que anula el fichaje más polémico de la alcaldesa socialista está marcando la vida política municipal de la Semana Santa. Ayer, la oposición ha salido en tromba para exigir a Inés Rey acatar la sentencia que echa por tierra la contratación de la exconcejala de Ciudadanos Mónica Martínez para la junta local y como responsable de deportes, después de que esta dejara la formación naranja.

«Quiero pedirle a la alcaldesa que corrija el error que representó darle a una tránsfuga un puesto en su gobierno. Que la destituya, tal y como le pedimos en su momento y como acaba de ordenar el juzgado un año y medio después, sin malgastar más dinero público en recurrir una sentencia bien clara», ha reclamado este jueves la portavoz municipal de Marea Atlántica, María García. Y es que contra el fallo del juzgado coruñés todavía cabe recurso.

La portavoz recordó que fue Marea Atlántica quien optó por llevar el asunto a los tribunales ante los oídos sordos de la alcaldesa socialista: «No llegamos al juzgado por gusto, ya que el 1 de octubre de 2020 pedimos el cese de Mónica Martínez por la vía de un recurso de reposición dentro del procedimiento administrativo del Ayuntamiento. Solo cuando se inadmitió este recurso fuimos al juzgado, que ahora confirma nuestros argumentos» , añadió García, según recogió Ep. La portavoz de Marea considera que la contratación «viola el Pacto Antitransfuguismo, la Ley de Bases de Régimen Local y la Regulación Orgánica del Ayuntamiento de La Coruña».

Eso era precisamente lo que concluía la sentencia del juzgado contencioso administrativo. Martínez se presentó a las elecciones municipales de 2019 por Ciudadanos . Sin embargo, como el partido no consiguió el mínimo de dos ediles, Martínez se integró en el grupo mixto. Y pasó a desempeñar su labor como concejal a tiempo parcial, con un mínimo de seis horas, por los que recibía algo más de 44.680 euros. Pero en junio de 2020 pidió su baja como afiliada de la formación naranja y tres meses después, el 1 de septiembre, la alcaldesa la nombró miembro de la junta del gobierno local, como responsable de la cartera de deportes. Con ello su sueldo crecía sensiblemente hasta la cantidad de 59.582 euros brutos anuales. En su sentencia, la juez concluye que las mencionadas resoluciones por las que se designó a Martínez vulneran la legislación de la Ley de Bases de Régimen Local. El motivo es que esas designaciones «suponen que la concejala no adscrita sume nuevos cargos económicos con incremento de sus retribuciones» . La sentencia también obliga al Ayuntamiento a «cuantificar las cantidades percibidas como consecuencia de dichos acuerdos», que deberán devolverse.

El PP cree que «esta nueva ilegalidad» del equipo de Rey pone «la puntilla final» a un gobierno municipal «destrozado» . «Entre los que echan, los que huyen, las que apartan y las que anulan los juzgados, a Inés Rey y a Lage Tuñas no les queda nadie», valoró la portavoz popular en el Concello de La Coruña, Rosa Gallego.