Los okupas de la Sala Yago evitan la cárcel al pactar con la Fiscalía

La pena se conmuta por una multa diaria de 6 euros al día durante dos meses

Los acusados de ocupar la Sala Yago durante el juicio celebrado en Santiago MUÑIZ

E. M.P.

La vista oral por el caso de la ocupación de la emblemática Sala Yago compostelana celebrada ayer en Santiago concluía con un acuerdo de conformidad para nueve de los doce encausados , que evitan así entrar en prisión. En su caso, la solicitud de pena original se conmuta por una multa diaria de 6 euros por persona durante dos meses. En cuanto a los otros tres, dos de ellos acusados además de por un delito de usurpación de bienes inmuebles por uno de tenencia ilícita de explosivos, también han aceptado los hechos, por lo que han visto rebajada la petición del Ministerio Público de 3 años a 18 meses de cárcel y una sanción de 20 euros al día durante seis meses.

El inicio del juicio por unos hechos que se remontan a 2011 estuvo salpicado de problemas técnicos durante su desarrollo, con un retraso de dos horas respecto a la prevista para su arranque y una suspensión provisional antes de que concluyesen las declaraciones de los doce acusados. Uno de ellos rompía el acuerdo alcanzado con la Fiscalía al negar los hechos que se le imputaban. Según argumentó se encontraba en la Sala Yago ejerciendo su labor de periodista en el momento del desalojo. Explicó a la sala que estaba preparando una pieza sobre movimientos sociales y activismo. El cambio en su declaración respecto a lo acordado con la acusación pública hizo que esta última elevase la pena a 18 meses de cárcel y 20 euros de multa.

Y a motivos de ocio limitó «Senlheiro», que compareció por videoconferencia por estar actualmente en prisión por un delito de tenencia ilícita de explosivos —fue absuelto de pertenecer a la banda terrorista Resistencia Galega— , su presencia en la sala en el momento del desalojo ya que no formaba parte, dijo, de la organización.

En calidad de testigos declararon varios agentes de la Policía a los que se les preguntó por su rutina de vigilancia e inspecciones en la zona. Ninguno de ellos supo aclarar cómo se produjo la entrada de los efectivos en el inmueble. El alegato de las defensas de los acusados al margen del escrito de conformidad se centró en la falta de pruebas incriminatorias y en denunciar que no existía intención de «ocupación permanente».

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