El Obispado de Lugo reprueba a Lalín por su «aconfesionalidad»

Pese a que su alcalde presumió de amistades en la «jerarquía» de la Iglesia gallega, la declaración del pleno de Lalín como municipio «aconfesional» no sentó bien en el Obispado de Lugo, al que pertenece la localidad pontevedresa. Así lo hizo saber ayer mediante un comunicado, en el que reprocha que el acuerdo municipal « pone en cuestión la legitimidad de sus relaciones tradicionales con la Iglesia católica en nombre de la ‘aconfesionalidad’ del Estado, tal y como la entienden algunos partidos políticos».

El documento afea que esta toma de posición «no se refiere a actividades concretas» sino que condiciona «radicalmente» la relación entre las instituciones políticas y la sociedad «de la que también es parte la Iglesia». Desde el Obispado se recuerda que la aconfesionalidad del Estado radica en que este no hace propia ninguna religión ni la impone , «al contrario, respeta las diferentes convicciones existentes en la sociedad, y colabora con ellas en la promoción del bien común».

Con la Constitución en la mano, desde la institución que dirige Alfonso Carrasco Rouco se argumenta que «reconocer la presencia de la Iglesia y de los cristianos en los diferentes ámbitos de la vida «no es otorgarle privilegio alguno», sino «lo justo en un Estado llamado a defender la libertad». El comunicado va un paso más allá, y denuncia que «es contrario a la Constitución menoscabar estos derechos por tratarse de cristianos». Del mismo modo, es claramente contrario «a las libertades constitucionales que el Estado intente expulsar del ámbito público a la Iglesia».

El Obispado lucense entiende que «no puede invocarse la ‘aconfesionalidad’ de nuestras instituciones políticas para pretender expulsar de lo público a las religiosas. En la opinión expresada en este documento, « se corre el riesgo de que un sano concepto de ‘aconfesionalidad’ se convierta en una especie de religión de Estado , es decir, en un ateísmo más o menos abiertamente declarado», y concluye que «no es de razón que quienes están destinados a garantizar el respeto y la promoción de su pueblo intenten destruir las expresiones de las convicciones más hondas de sus ciudadanos.

El regidor, Rafael Cuiña, que el jueves confesaba sentirse «incómodo» con la propuesta tras conocer el contenido del comunicado, declaró a ABC estar «absolutamente de acuerdo» con el mismo.