CRÓNICA
O Garañón: el derribo que nunca llega
Año y medio después de que Lara Méndez anunciase que impulsaría su demolición, el proceso para acabar con el edificio emblema del «besteirismo» sigue paralizado
A través de una improvisada comparecencia en solitario y con un informe sobre la mesa de la asesoría jurídica del Concello que apoyaba su decisión. Esa fue la escenografía elegida por la alcaldesa de Lugo para anunciar que reservaría una partida de 300.000 euros del presupuesto local con el objetivo de demoler cuanto antes las torres de O Garañón, el polémico proyecto que su mentor político, José Ramón Gómez Besteiro , autorizó en su etapa de concejal de urbanismo y que le valió cuatro de las diez imputaciones que lo apartaron de la política.
El paso de Méndez —que siempre defendió la actuación del socialista pese a que dos sentencias anularon la licencia y la urbanización del mastodóntico proyecto— enseguida fue entendido como un golpe en la mesa de la regidora para marcar distancias con la herencia del «besteirismo» . Con todo, año y medio después de aquel anuncio, los dos esqueletos de ladrillo continúan alterando la visión del principal espacio verde de la ciudad pese a los requerimientos judiciales y la creciente presión de los grupos de la oposición, que acusan a la alcaldesa de haber jugado al «escapismo» durante todo este tiempo para mantener el proyecto estrella de su padrino político.
En concreto, la última sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desfavorable a este proyecto urge a «reponer la legalidad» en la parcela de O Garañón, bien a través de una demolición total de las estructuras, mediante un derribo parcial o bien impulsando otra construcción que permita recuperar las vistas del parque y que sea a su vez respetuoso con el entorno. Sin embargo, y tras insistir en que su intención era derribar totalmente las torres, el equipo de Lara Méndez dio un giro a su hoja de ruta y aseguró que no iniciarían ningún trámite hasta que la Xunta —a través de la dirección xeral de Patrimonio— emitiese un dictamen especificando cómo acometer la actuación.
«Al principio nos dijeron que iban a colaborar con nosotros pero luego nos dijeron que no informarían sobre nada, así que eso ralentizó el proceso», asegura en declaraciones a ABC el concejal de Desarrollo Sostible de Lugo, Daniel Piñeiro, que sitúa al Gobierno gallego como responsable del retraso de la actuación anunciada por la alcaldesa hace año y medio. En frente, el portavoz del Partido Popular en el consistorio lucense, Antonio Ameijide, acusa al equipo de gobierno de poner «excusas» para no derribar las torres y recuerda que tanto la dirección xeral de Patrimonio como un informe del jefe de urbanismo de propio Concello con fecha del mes de febrero de 2018 recogen que la administración local es la única competente para ejecutar las sentencias contrarias a O Garañón. «La alcaldesa parece más pendiente en defender los intereses judiciales y personales de sus mentores políticos Orozco y Besteiro que los intereses de los lucenses. Cada día que pasa sin que se tiren esas torres y sin que se cumplan las sentencias nos cuesta más dinero a los lucenses », lamenta Ameijide, al tiempo que avanza que si el gobierno socialista no presenta en las próximas semanas un proyecto para restablecer la legalidad en la zona de OGarañón, estudiarán emprender acciones legales contra la actuación de Lara Méndez.
No es el único frente judicial al que se enfrenta la regidora lucense a raíz de este asunto. La Asociación en Defensa do Parque Rosalía solicitó el pasado mes de julio ante el TSXG la ejecución de los dos fallos judiciales e instó al alto tribunal a investigar si se han dado los pasos pertinentes para restaurar la legalidad en la parcela de O Garañón. «Es una dejación de funciones clara, el juzgado les indica que tienen que ejecutar esa sentencia y no se ha hecho nada a día de hoy» , apunta Marcos Bourio, portavoz del colectivo. Bourio cree que si la alcaldesa de Lugo no ha actuado con determinación en este tema ha sido por «no dejar en evidencia a sus predecesores políticos» y lamenta que, por este motivo, los lucenses podrían llegar a asumir una indemnización al promotor del solar que superaría los 26 millones de euros.
Nueva ordenación
Desde el Concello niegan las acusaciones de escapismo y aseguran que están trabajando en la elaboración de una «modificación puntual» del Plan Xeral de Ordenación Municipal para «ordenar» por fin el polémico solar . Sin embargo, el edil responsable de este asunto admite que este tipo de procesos suelen prolongarse «más de un año», por lo que en ningún caso se habrán demolido las torres antes de que finalice el mandato local. Por este motivo, Daniel Piñeiro puntualiza que su departamento trabajará en los próximos meses en elaborar una propuesta de «ordenación» del terreno que permita caminar hacia una futura demolición. «Tardemos lo que tardemos nosotros queremos tirar el edificio», compromete el concejal.
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