La negociación del ERE de Alcoa termina sin acuerdo y la agonía se prolonga otros 15 días

Otros quince días de incertidumbre para A Mariña lucense. En la madrugada del lunes se conocía que Alcoa no estaba dispuesta a vender la factoría de aluminio de San Cibrao al grupo inglés Liberty House , con el que llevaba negociando desde agosto. Tampoco aceptaba transferírsela al Estado a través de la SEPI, en una última baza negociadora que no fructificó. Alcoa dejaba solo un camino abierto, el de retomar las consultas para el ERE anunciado ya a finales de mayo. Daba dos posibilidades y apenas una jornada para la negociación con los trabajadores: o un expediente de regulación temporal de empleo o directamente un despido colectivo del 85% de la plantilla. Tras una maratoniana negociación en el ayuntamiento pontevedrés de Nigrán, a casi 300 kilómetros de la planta, los trabajadores decidieron no firmar el acuerdo con la empresa. Alcoa dispone ahora de 15 días para decidir si activa los 534 despidos o se decide por un expediente de regulación temporal de empleo. En ambos casos, se optaría por parar las cubas de electrólisis, algo a que los trabajadores se oponen ya que consideran que nunca se volverían a rearrancar.

En un comunicado remitido a la una de la madrugada de este martes, Alcoa aseguró que «los representantes de los trabajadores se negaron a negociar un plan social y no fue posible un acuerdo, por lo que Alcoa cuenta ahora con un plazo de hasta 15 días, conforme a la normativa española, para tomar una decisión en relación al proceso de despido colectivo». Durante las negociaciones, el comité pidió a la multinacional norteamericana que se sentase a negociar la última oferta realizada por la SEPI para salvar una factoría de la que dependen directa o indirectamente unas mil familias en A Mariña.

Una hora antes de la medianoche del domingo, Alcoa rompía las negociaciones con Liberty House. La ministra de Industria, Reyes Maroto, y el conselleiro del ramo, Francisco Conde, se reunían poco después con los trabajadores para comunicarles la noticia. Ambas administraciones, que en las últimas semanas remaron unidas para intentar salvar los empleos, acusaron a la multinacional estadounidense de «actuar de mala fe » durante todo el proceso y poner excusas para no vender. A través de un comunicado reprocharon a Alcoa de haber rechazado «sistemáticamente» todas las ofertas que se han puesto sobre la mesa. La última la hizo el Gobierno, que estaba dispuesto a comprar temporalmente la planta de San Cibrao a través de la SEPI, para venderla a continuación a los británicos de Liberty. El comité de empresa explicó en rueda de prensa que Alcoa condicionó esa posibilidad de seguir negociando esta vía con la SEPI a que se firmasen ya los despidos anunciados, sin siquiera comunicárselo a los propios trabajadores.

Sin embargo, Alcoa insiste en que negoció de buena fe, «pero no puede acordar la venta en condiciones que no sean razonables», informó la multinacional en un comunicado. La empresa explicó que no ha aceptado la oferta de la SEPI, entre otros motivos, por «la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería». El complejo de San Cibrao, además de la planta que Alcoa quiere cerrar, cuenta con una refinería de alúmina, que es la materia prima que se utiliza para fabricar el aluminio y, a diferencia de la factoría sobre la que pesa la clausura, sí da beneficios. Desde el principio de las negociaciones este ha sido el principal punto de desencuentro. Liberty quería comprar todo el complejo, pero después exigió, según Alcoa, un contrato a 20 años para el suministro. Los estadounidenses solo se prestaban a firmar por cinco años. La SEPI pedía también opciones preferenciales de adquisición en caso de que Alcoa decidiese vender en el futuro.

Tras la negativa a la venta, a las 9.30 de la mañana del lunes, representantes de Alcoa, administraciones y trabajadores se volvían a reunir de forma telemática en la mesa de seguimiento. Allí tanto la Xunta como el Gobierno central instaban a Alcoa a reconsiderar su postura. Industria remitía una nota de prensa en la que indicó que «esto no es el final del camino». A la espera de la negociación laboral, «se abre ahora otro escenario donde se tomarán otro tipo de decisiones menos amistosas», afirmó Raül Blanco . Industria no da pistas de momento sobre cuáles serán esas actuaciones, pero desde hace meses los trabajadores, los partidos políticos gallegos e incluso el presidente de la Xunta piden al Gobierno que nacionalice la factoría en caso de ser necesario.

Tras salir de la mesa de seguimiento, los representantes de los trabajadores recorrían casi 300 kilómetros para reunirse con la empresa y seguir con las negociaciones del ERE. Hasta ayer el escenario de las reuniones había sido un conocido restaurante de Lugo. Para la última cita Alcoa los convocó en el pontevedrés ayuntamiento de Nigrán. Tras abandonar la reunión sin acuerdo, los trabajadores anunciaban nuevas protestas. Esta mañana han cortado el tráfico en los dos principales accesos a la factoría. También le prendieron fuego al cartel de la empresa.