Gobierno provincial de Lugo

Martínez o la política espectáculo

El presidente de la Diputación de Lugo ordenó el desalojo del alcalde de Becerreá durante el último pleno provincial tras un nuevo enfrentamiento entre el regidor y su expartido

Manuel Martínez, en rueda de prensa tras el último pleno provincial ELISEO TRIGO/EFE
Zoraida Rial

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Expulsiones, descalificaciones y la inédita imagen de dos vigilantes de seguridad desalojando al que hasta hace apenas unos meses fue vicepresidente de la institución . Fueron algunas de las escenas que se vivieron en el último pleno de la Diputación de Lugo tras un nuevo enfrentamiento entre el alcalde de Becerreá —y ahora diputado no adscrito— y el presidente del ente provincial, el socialista Darío Campos. La disputa, que ha llevado a los implicados a pedir «disculpas» a los vecinos por este nuevo capítulo de «política espectáculo» en el Pazo de San Marcos, comenzó tras la intervención del miembro del gobierno provincial encargado de explicar los pormenores de la Relación de Puestos de Trabajo de la institución. En su alocución, el socialista Miguel Ángel Sotuela le reprochó a Manuel Martínez su decisión de contratar a un asesor y fijarse un sueldo de 57.000 euros al mes como presidente de la sociedad urbanística provincial Suplusa. El regidor becerrense pidió la palabra por alusiones, pero le fue denegada por Darío Campos, que acto seguido decidió expulsar al diputado díscolo del pleno . «No me voy, avise a la Guardia Civil», retó Martínez en un gesto que presagiaba el comienzo de un nuevo «show» en la institución.

Así fue. El alcalde de Becerreá permaneció en el salón de plenos hasta que Campos le recordó que no podría ni participar en los debates ni en las votaciones. Fue entonces cuando el diputado no adscrito abandonó la sala y subió a la tribuna de invitados, desde donde dirigió insultos contra el presidente del ente provincial . «Va siendo hora de que tengas algo de decencia, que no tienes decencia ninguna, eres un títere en manos no sé de quien», espetó Martínez contra su excompañero de partido, al que llegó a calificar como «Darío I, el reprobado», en referencia a la reciente reprobación que el pleno de la institución aprobó contra el presidente provincial . Fue entonces cuando Campos ordenó a dos vigilantes de seguridad que desalojasen al alcalde de Becerreá del paraninfo. «Qué triste. Menudo espectáculo», lamentó el dirigente socialista tras el episodio.

Las disculpas por la imagen que la escena proyectó a los vecinos de la provincia no tardaron en llegar . El portavoz del Gobierno provincial, Álvaro Santos, pidió perdón por lo ocurrido y defendió la necesidad de hacer política con «seriedad, compromiso y trabajo». También lamentó lo sucedido el propio Martínez, si bien trasladó parte de la responsabilidad a los socialistas por urdir una «maniobra totalmente orquestada y estudiada» en su contra. En su opinión, tanto Campos como el grupo socialista buscaba expulsar a Martínez para aprobar una moción de urgencia que el gobierno provincial presentó momentos antes del pleno para intentar diluir Suplusa, la sociedad que preside el regidor becerrense. «Imagino que lo que buscaban es liquidar ese voto que podía decidir las votaciones a favor o en contra, que era el mío (...). Esto fue una actuación orquestada para quedarse en mayoría de forma torticera y ratera, trataron de anular mi voto desde el principio con una maniobra que le salió bien porque yo soy como soy», explicó el propio Martínez en conversación con este diario, al tiempo que expresó su «convicción» de que, detrás de este suceso, «sigue estando el ‘besteirismo’» .

Guerra entre familias

Por su parte, Álvaro Santos defendió que este episodio representa «una instantánea interesada de una oposición incapaz de aportar algo positivo» a la provincia y que permanece «instalada en enturbiar lo que realmente se está haciendo» . Para el PP, en cambio, el «espectáculo lamentable» del último pleno es reflejo de una nueva guerra entre las distintas familias del socialismo lucense. Lo único que parecen tener todos claro es que, con el creciente descrédito de la institución a raíz de estos episodios, quien realmente sale perdiendo son los ciudadanos.

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