Marlaska desvincula al Gobierno del supuesto espionaje a separatistas y asegura que no usan el sistema Pegasus

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha viajado a Galicia para inaugurar este viernes la nueva comisaría de la Policía Nacional de Ribeira (La Coruña) en una semana marcada por el supuesto espionaje a políticos y líderes secesionistas a través de sus teléfonos móviles. Ante la prensa, tras la ceremonia, el máximo responsable de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha desmarcado al Gobierno de cualquier vinculación con esos presuntos seguimientos.

«Este Gobierno se somete a la Ley y al ordenamiento jurídico en todas y cada una de sus actuaciones», ha asegurado el ministro socialista a preguntas de la prensa: «Estamos en un Estado de Derecho, este Gobierno ha cumplido y cumplirá siempre la Ley» .

Grande-Marlaska ha insistido ante la recién inaugurada comisaría del CNP de la localidad coruñesa: «Somos un Gobierno de una democracia plena, y, por lo tanto, que la ciudadanía y la sociedad no tengan ninguna duda de que hay un acatamiento y un sometimiento [al ordenamiento jurídico] porque forma parte de nuestro ADN el cumplimento estricto de la ley en cualquier actuación».

Al preguntarle los periodistas si puede garantizar que el Ministerio del Interior no ha utilizado nunca el sistema Pegasus , la tecnología supuestamente empleada para los seguimientos, Grande-Marlaska ha asegurado que su Ministerio, y por tanto la Policía Nacional y la Guardia Civil, «no ha adquirido el Pegasus en ningún momento, ni ha convenido ni negociado con la empresa titular de ese sistema» .

Sobre las peticiones de comparecencia en el Parlamento que este mismo viernes han presentado conjuntamente los partidos independentistas catalanes y vascos (ERC, Eh-Bildu, Junts y la CUP), pero también socios del Gobierno socialista como Más País y Compromís, el ministro de Interior se ha prestado a hacerlo: «Estamos para dar cuentas para cuando se nos pida y más ante la soberanía popular» . Eso sí, ha matizado que eso deberán decidirlo los «órganos competentes» del Congreso o del Senado.