Dos marineros del cerco, condenados por agresión en las protestas de 2014

Dos de los participantes en las protestas del cerco que en marzo de 2014 tomaron el centro de Santiago fueron condenados ayer a un año y medio de prisión por las lesiones ocasionadas a cuatro agentes de la Policía Nacional que formaban el cordón policial ante el que los cerqueros levantaron sus barricadas. Según la sentencia procedente del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, estos manifestantes aprovecharon el momento en que una dotación de Bomberos se personó en el lugar para sofocar las llamas de los contenedores a los que prendieron fuego y empezaron a lanzar diversos objetos contra los policías que formaban el cordón . Las agresiones por las que los manifestantes fueron juzgados convirtieron el centro de la capital gallega en el escenario de una batalla campal que se libró tapa de alcantarilla en mano. Así lo confirmaron los agentes de la Unidad de Antidisturbios unos días más tarde en una rueda de prensa en la que mostraron los daños que sus equipos habían sufrido al soportar el lanzamiento de botellas, piedras, material urbano e incluso sillas y mesas de algunas terrazas próximas al Parlamento gallego.

En las protestas de 2014 participaron alrededor de 1.500 personas, entre ellas un centenar de pescadores asturianos que se quejaban del reparto de las cuotas de xarda. Transcurridos casi tres años, dos agresores —hubo tres detenciones— han resultado condenados por los delitos de atentado a agente de la autoridad y de lesiones , con penas de prisión y una multa económica de 6.500 euros , en concepto de indemnización por las lesiones causadas por los agentes.

Dicha condena es fruto de una conformidad derivada de un acuerdo entre la defensa de los acusados, el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Portavoces de este sindicato, mayoritario entre los agentes, mostraron su «satisfacción» por la sentencia y recordaron que «el derecho de reunión y manifestación está reconocido y es obligatorio en un Estado democrático de derecho, pero ese mismo derecho conlleva unas obligaciones y unos límites que no pueden rebasar », manifestaron.