Tarde, mal y a rastras

La inflación disparada, un gobierno frívolo y ahora además una guerra a las puertas de la Unión Europea. La tormenta económica perfecta. No, esto no pinta bien. Sobre todo, porque Pedro Sánchez se resiste a renunciar al catecismo de la progresía y adoptar medidas que frenarían la espiral de alza de precios. Medidas que ya están aplicando otros países de nuestro entorno. Medidas que le han planteado negro sobre blanco comunidades como Galicia en la reciente Conferencia de Presidentes.

Empecemos por el principio. Antes de que Rusia invadiese Ucrania llenar el depósito del coche ya era en torno a un 30 por ciento más caro que un año antes. También la escalada del precio de la electricidad se inició meses antes de que las tropas del Kremlin iniciasen los bombardeos. Aunque Sánchez se empeñe en culpar al «chantaje energético de Putin» de la actual deriva, lo cierto es que la inflación cerró ya 2021 en el 6.5 por ciento, la mayor tasa registrada desde 1992. La guerra no origina este episodio inflacionista, lo agrava.

Y lo agrava además la resistencia del Gobierno a rebajar impuestos. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal evidenciaba estos días que el Estado podría llegar a recaudar hasta 3.500 millones adicionales de IVA al año por el alza de la inflación. Primero de economía: la subida de precios reduce la demanda, salvo la de los bienes «de primera necesidad» que tienen una demanda menos «elástica» porque son «necesarios» y el consumidor no tiene otra alternativa que seguir comprándolos. En estos casos, la demanda permanece estable y el incremento de precios provoca un aumento correlativo en la recaudación de impuestos.

El caso de los carburantes es un ejemplo paradigmático. Según un estudio publicado recientemente por AESAE, España fue el país de la Unión Europea donde más subió el precio de la gasolina en 2021. Un año en el que el consumo de combustibles de automoción, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, aumentó en nuestro país un 14 por ciento, hasta recuperar niveles semejantes a los registrados antes del estallido de la pandemia. Ello demuestra la reducida «elasticidad-precio» de estos productos.

Sumemos a la ecuación otro dato certificado por CORES. En 2021 el 49,4 por ciento del precio al público de la gasolina correspondía a impuestos. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos lo ejemplificaba a finales del año pasado tomando como base 50 euros gastados en un repostaje: 23 euros se iban en impuestos, 17 a pagar el coste de la materia prima, 9 a sufragar la logística y la comercialización y quedaba un euro de margen bruto mayorista. Esta presión fiscal para productos de esta naturaleza es en sí misma disparatada en una coyuntura normal, pero resulta aún más inasumible en un contexto de incremento de precios de los combustibles.

Echen cuentas. En enero del 2021 el litro de gasolina costaba en Galicia 1,24 euros. En enero de este año había aumentado a 1,54. En las últimas semanas algunas estaciones de servicio en la comunidad ya estaban vendiéndolo a más de 2 euros. De ellos, 47 céntimos son ingresados por el Estado a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (tasa fija) y un 21 por ciento de lo que cueste cada litro en concepto de IVA. Esto es, cuanto más suba el precio, más recauda Hacienda. Más de lo que ya recaudaba, que no era precisamente poco. Ergo, mantener la presión fiscal sobre los carburantes en un escenario de incremento de precios implica una subida encubierta de impuestos. Hace tiempo que el Gobierno debería haber reaccionado. En la actual coyuntura resulta inasumible que dilate la decisión. Feijoo puso sobre la mesa en la Conferencia de Presidentes una receta sensata: reducción inmediata del impuesto de hidrocarburos y del IVA que grava los combustibles pero el ejecutivo de Sánchez remolonea. Dice que quizás en dos semanas, pero no concreta. Otros países sí lo han hecho ya. Otra vez tarde. Tarde, mal y a rastras.