La ley contra la sequía pretende poner freno a las fugas de agua en la red

Galicia comienza a prepararse ante el cambio climático. Aunque este verano se afronta con las reservas hídricas en buen estado, en los últimos años los largos periodos sin precipitaciones son cada vez más frecuentes. La Xunta presentó esta mañana el proyecto de ley de abastecimiento de agua para periodos de sequía con el que pretende poner freno a las fugas de agua en la red. Actualmente se estima que un 40% del recurso que sale de los embalses se pierde por el camino hasta llegar a los hogares. El objetivo es que la cifra se rebaje hasta el 20%.

La ley, según explicó la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, tras el Consello de la Xunta, dará a los ayuntamientos gallegos tres años para lograrlo . Durante los dos primeros deberán instalar contadores de caudal para averiguar exactamente cuánta agua se pierde por culpa de cañerías en mal estado y establecer protocolos de actuación para corregir las fugas. Después tendrán otro año para realizar las obras que sean necesarias para subsanarlas. La Xunta, apuntó Vázquez, pondrá líneas de ayudas a los ayuntamientos y espera también que las Diputaciones provinciales se sumen. Pero en caso de que las fugas superen el 20% pasado este periodo habrá consecuencias . «Penalizaremos con un gravamen disuasorio las pérdidas superiores», advirtió la conselleira. Vázquez también explicó que los gestores deberán facturar a las familias por el consumo real del agua , acabando con los mínimos que no incentivan el ahorro.

Otro de los aspectos novedosos de la ley es que agilizará las expropiaciones en caso de que sea necesario acometer obras de urgencia para garantizar el suministro de agua. «Acortará mucho los tiempos» de respuesta, subrayó la conselleira. Vázquez explicó que en pequeños núcleos de población a veces con realizar un pozo de barrena es suficiente para evitar cortes de agua, pero que con la legislación actual la solución se demora en exceso.

La ley gallega será de este modo más exigente que el Plan Hidrológico Nacional, que ya obligaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a contar con planes de emergencia ante situaciones de sequía. Sin embargo, ningún ayuntamiento ha aprobado aún sus documentos . El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconoció que la Comunidad Autónoma estaba obligada a tenerlo listo en 2001, pero no la aprobó hasta 2013 . «No fue sin tiempo, pero tiene aprobado el plan», destacó. «Es una ley necesaria», resaltó Feijóo. «Nos permite anticiparnos y prepararnos ante la constatación del cambio climático», añadió.

El presidente de la Xunta recordó que en los últimos años se están produciendo periodos prolongados sin lluvias y que Galicia tiene que estar preparada y no improvisar en estos periodos. «Tenemos que establecer anticipadamente y con claridad el procedimiento que tenemos que seguir en el caso de periodo de sequía» , insistió. La ley llega después del episodio de 2017 , en el que se registró un 24% de pluviosidad menos que la serie histórica. Numerosos ayuntamientos tuvieron que poner medidas de ahorro de agua y algunos vecinos sufrieron cortes en el suministro. La conselleira recordó que pese a la sequía ese año Galicia dispuso de un 27% más de agua que regiones como Murcia, que «están más acostumbradas a no despilfarrar».