Tribunales
El juzgado archiva la causa contra los exdirectivos del Sergas por los medicamentos de la hepatitis C
Considera que el fallecimiento de varios enfermos no se debió a la no prescripción de los fármacos y, apoyándose en informes técnicos, estima que su facilitación no era garantía para evitar su muerte
Los primeros fármacos de última generación contra la hepatitis C se dispensaron a los enfermos gallegos bajo criterios médicos y no condicionados por su coste económico. Es la lectura que hace el Juzgado de Instrucción nº3 de Santiago de Compostela para archivar la denuncia presentada por la Fiscalía e impulsada por un colectivo médico y ampliada posteriormente por una asociación de afectados. La causa —que mantenía como investigados a dos antiguos directivos del Sergas, el exdirector de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, y la exsubdirectora de Farmacia, Carolina González Criado— descarrila y deja en evidencia a una oposición que la utilizó políticamente para afirmar, entre otras cosas, que la Xunta «ponía precio a la vida» de los enfermos y que «los recortes matan».
En su auto de sobreseimiento, el juez instructor Andrés Lago Louro considera que no está acreditado que ambos exdirectivos demoraran la dispensación de estos fármacos a enfermos de hepatitis C por su elevado coste, como sostenían los denunciantes, y que esto provocara el fallecimiento de cinco de ellos. Rubial y González Criado se enfrentaban a un posible delito de prevaricación y otro de homicidio por imprudencia profesional grave. Pero «las numerosas diligencias practicadas no permiten sustentar mínimamente tal imputación con la seriedad y fundamento mínimamante consistente» , afirma el instructor en su auto, facilitado ayer por el TSXG.
«Ninguno de los dos investigados atendían profesionalmente a los pacientes [fallecidos] por lo que mal puede hablarse de imprudencia grave profesional», señala el juez, que rebate que se primaran criterios presupuestarios a médicos en la dispensación de estos medicamentos. «A la vista de la documental obrante en autos, ninguno de los dos posee competencia presupuestaria alguna, ni siquiera de contratación» para impedir que los fármacos fueran comprados.
Además, «no consta» que Rubial «hubiere resuelto alguna vez en sentido contrario al indicado» por la Comisión de Expertos que determinaba a qué pacientes dispensar el sofosbuvir. Respecto de una posible responsabilidad por un protocolo de actuación negligente, el juez consultó a la Agencia Española del Medicamento, que resolvió que «el procedimiento diseñado por el Sergas para garantizar el acceso de los pacentes a los nuevos medicamentos antivirales de la hepatitis C es muy similar al aplicado» en otras Comunidades.
Sin demora
En el auto de fecha 25 de noviembre, y tras más de tres años de investigación, el instructor analiza uno a uno los cinco casos de enfermos fallecidos, por si en ellos hubiera «una demora intencionada en la resolución del procedimiento administrativo». En ninguno de ellos considera Lago Louro que «existan indicios» de una actuación «motivada por la desidia o la imprudencia» de los exdirectivos del Sergas, «que se han limitado, dentro de su ámbito competencial, a actuar con la debida celeridad y diligencia» .
El juez explica en su fallo que estos medicamentos «hasta tal fecha ni siquiera estaban autorizados», por lo que se requería para su aprobación «un protocolo o programa de acceso de ciertos filtros o cautelas para verificar que ralmente el paciente cumplía los criterios necesarios para poder ser beneficiario», y que «esa es la razón» por la que el Sergas creó la Comisión de Expertos.
A mayores, el auto considera que tampoco está acreditado que la dispensación del sofobusvir hubiera evitado el fallecimiento de los cinco enfermos, ya que el Imelga estableció en un informe pericial que estas muertes se produjeron «por causas ajenas al suministro de los nuevos fármacos» . «Aun en pacientes a los que se les hubieran suministrado y por tanto se hubiera eliminado el virus, sin embargo les sobrevenía igualmente la muerte por las graves secuelas que arrastraban tras años de afectación del virus de la hepatitis C, secuelas que los nuevos fármacos no podían curar», constata el instructor.
Reacciones
Tras conocerse el archivo de la causa, el gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, expresaba su «satisfacción» una vez que la justicia avaló como «correcta» la actuación de la sanidad pública gallega, informa Ep. Por su parte la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C avanzó, a través de su portavoz y excandidato de En Marea, Quique Costas, su intención de recurrir el fallo porque «no se corresponde con lo que se vino evidenciando en el transcurso del procedimiento abierto en el Juzgado».
Este caso fue uno de los frentes abiertos por la oposición durante la pasada legislatura contra el gobierno de Núñez Feijóo, y que alimentaba el mantra de la izquierda de que los recortes presupuestarios en la sanidad pública tenían graves consecuencias. «¿Cuántos muertos más necesita Feijóo para comprobar que tuvieron que ver las políticas de austeridad?» , se preguntó entonces el hoy viceportavoz del Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez. «Feijóo, el Gobierno de Galicia le puso precio a la vida de la gente », llegó a afirmar la ahora diputada electa del PSdeG Pilar Cancela, que en 2016 presidía la gestora socialista en la Comunidad. Feijóo y el PP, por el contrario, defendieron en todo momento que la actuación se rigió por criterios médicos. La justicia les da la razón.
