La justicia vuelve a parar y afea a la Xunta falta de voluntad de acuerdo

El pulso de los trabajadores de la justicia a la Administración autonómica vivió ayer un nuevo capítulo, con una nueva jornada de huelga —la segunda de las dos programadas antes de la conversión de los paros en indefinidos— en la que las organizaciones censuraron la falta de voluntad de acuerdo de la Xunta. El conselleiro de Xustiza «miente cuando sale en los medios y dice que está abierto al diálogo y a llegar a un acuerdo con los sindicatos», sostuvo en declaraciones a Efe el portavoz sindical Javier Fernández, lamentando la falta de compromisos concretos evidenciada a su juicio por el Gobierno gallego en las propuestas trasladas en los últimos día s. «Cuando nos reunimos con ellos no hacen ninguna oferta concreta. Nos tememos que no tienen ninguna intención de paliar nuestra delicada situación salarial en 2018 . Estamos hartos de promesas incumplidas, de no llegar a fin de mes y de que se nos ningunee de esta manera», expresó a su vez el presidente de la junta de personal de La Coruña, Fernando Aramburu. La Consellería, entretanto, mantiene convocadas a las organizaciones a un nuevo encuentro el miércoles e insiste en su intención de «seguir dialogando con el objetivo de llegar a un acuerdo».

Mientras los sindicatos convocantes (SPJ USO, CUT, UGT, CSI-F, STAJ, CIG y CCOO) situaban ayer el seguimiento medio de la jornada de huelga en el entorno del 90%, por encima del 80% calculado para el paro del día 1 , el Ejecutivo autonómico señalaba un 46,9% de participación , por debajo del 50,33% estimado en aquella primera jornada de huelga. Con manifestaciones y concentraciones en las siete ciudades gallegas presididas por pancartas con el lema «No a la discriminación laboral en la justicia gallega», los trabajadores públicos reiteraron sus demandas de equiparación de salarios con respecto a los funcionarios de justicia de otros puntos del Estado . Entre otros aspectos, solicitan un complemento autonómico transitorio que corrija la brecha salarial, estimada por las organizaciones en una horquilla de entre 3.440 y 10.000 euros anuales.

Demandan, además, un decreto específico sobre incapacidad temporal que no penalice las ausencias por baja médica y que quienes desempeñan las mismas funciones, aunque sea como personal sustituto, perciban el mismo sueldo, que se consoliden las plazas que han dejado de ser refuerzos ocasionales para convertirse en estructurales y que acaben las amortizaciones de puestos de trabajo. Las organizaciones denuncian «el desmantelamiento que la Xunta está haciendo de la justicia, obviando que los recortes están afectando no sólo a los trabajadores sino a toda la ciudadanía atrasando los tiempos de respuesta».

La Vicepresidencia de la Xunta destacó ayer el cumplimiento absoluto de los servicios mínimos decretados y la ausencia de «incidencias de relevancia» en esta segunda jornada de movilizaciones.