La juez de la «operación Zeta» cita a otras 25 personas en calidad de investigadas

El empresario Francisco Ramón de Lucas Blanco, conocido como Pachi Lucas , y la actual directora xeral de Conservación da Natureza, Ana María Díaz López , son dos de los 25 nuevos citados como investigados -figura jurídica que sustituye a la imputación- en el marco de la «operación Zeta».

Así se recoge en el auto hecho público este viernes por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña y al que ha tenido acceso Europa Press. Entre los 23 testigos citados a declarar figura la actual conselleira de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio y exresponsable de la Consellería de Traballo e Benestar , Beatriz Mato , y el actual secretario general de Pesca en funciones y exdirector xeral de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy .

En el empresario coruñés Gerardo Crespo , presunto cabecilla de la trama -un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas-, se le calificaba como el «conseguidor», según las investigaciones policiales llevadas a cabo.

Por su parte, a la actual directora xeral de Conservación da Natureza y exdirectora xeral de Traballo, Ana María Díaz, la jueza le cita como investigada por un presunto delito de prevaricación . El mismo delito le atribuye al exdirector de Formación e Colocación durante el bipartito de la Xunta, Pastor Fuenteseca Díaz.

A este nombre, se suma, también por el presunto delito de prevaricación, el de Juan José Barrera Cerezal , exdirector general de Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración durante el gobierno socialista.

La jueza acuerda, además, la citación en calidad de investigados de «quienes prestaron su colaboración para la constitución de sedes ficticias y que suscribieron contratos de arrendamiento y de trabajo a tal fin, con el objetivo de ser receptoras de acciones formativas con las que obtener beneficio económico». Se trata de 21 personas que serán citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental.