A Galicia, palo hasta que aprenda

Se trata de castigar la discrepancia. Era sabido que la negativa a cerrar filas en torno a Sánchez acarrearía secuelas punitivas y que la resistencia de los gallegos a entregar sus votos a la sucursal socialista no iba a quedar impune. «Seguid votando al PP, sí, pero ateneos a las consecuencias», es la amenaza dictada por Sánchez y proclamada, a tambor batiente, por la ministra Montero, cuyo paso por la Junta de Andalucía provocó una quiebra financiera de la que esa comunidad autonómica tardará en recuperarse unos veinte años, según previsiones de técnicos de la propia Administración andaluza.

Sánchez ha puesto precio a la cabeza de los gallegos. La letra, con sangre entra. Ahora ya sabemos que la resistencia a abrir las puertas del Pazo de Raxoi al cónsul de Sánchez en Galicia es una altanería que no sale gratis. De momento, ese gesto de libertad democrática acarrea una sanción de 370 millones de euros , correspondientes a la suma de las cantidades que el Estado debe a Galicia en concepto de devolución del IVA de 2017 y a la compensación por cumplimiento del déficit en 2017 y 2018.

No son partidas graciables, sino deudas legales, contraídas con la Constitución en una mano y el Estatuto en la otra. Es decir, no estamos propiamente ante un caso de demora en el cumplimiento de un compromiso adquirido, sino ante un latrocinio de BOE y guante blanco. No se trata, pues, de una discrepancia en la interpretación de la Ley sino un ratería inicua disfrazada de considerandos leguléyicos.

Sánchez no admite versos sueltos en la monodia de su régimen. Ni es capaz de sobrellevar con cristiana resignación los resultados que la balanza electoral gallega arroja de cuatrienio en cuatrienio. Para el eventual inquilino de La Moncloa, disentir lleva aparejada la imposición de sucesivas de sanciones económicas. Los gallegos ya hemos pagado la primera. Armémonos de paciencia: nos caerán muchas más.