'Caso cuñada': Coreografía para un indulto

En febrero de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba el indulto para dos sindicalistas vigueses, Serafín Rodríguez y Carlos Rivas, que habían sido condenado cuatro años antes por su participación en un piquete violento durante una huelga de transporte. La gracia concedida por el Ejecutivo fue el punto final de un itinerario que consistió en declaraciones institucionales del Ayuntamiento de Vigo, la Diputación de Pontevedra, el Parlamento de Galicia y varias manifestaciones por las calles de la ciudad olívica. Al final se salieron con la suya y se indultó a una manera de entender el sindicalismo incompatible con el derecho al trabajo en las jornadas de huelga.

Pero lo relevante en este caso es, precisamente, cómo se articuló el procedimiento si se pone frente al espejo de lo que está sucediendo con el 'caso cuñada', y la intención de que se indulte al principal condenado, el exfuncionario Francisco Javier Gutiérrez Orúe, responsable de una red de facturas falsas mediante la que se malversaron 100.000 euros de las arcas municipales de Vigo para que se enchufara durante cinco años en una concesionaria a la cuñada de Carmela Silva. Corrupción con sentencia firme del Tribunal Supremo, como le gustan a Abel Caballero, sin margen de recurso.

Orúe presentó en diciembre su solicitud de indulto parcial para evitar cumplir los cinco años y tres meses de cárcel a que ha sido condenado por prevaricador. En febrero, sin que trascendiese a la opinión pública viguesa, su defensa presenta al Ministerio de Justicia treinta y siete adhesiones de entidades y asociaciones de la ciudad respaldando la solicitud de la medida de gracia. No hubo ninguna rueda de prensa para ponerle cara a esta solicitud, ni ningún pronunciamiento público de los directivos de estas agrupaciones. Y si se les pregunta directamente, como ha hecho este periódico, muchos declinan dar explicaciones.

De las treinta y siete adhesiones, veinticinco corresponden a entidades que en 2021 recibieron más de medio millón de euros en subvenciones públicas. Un directivo firmante reconoce que hubo «presiones» desde el entorno del PSOE de Vigo para rubricar la solicitud, «y si no, íbamos a tener problemas» para revalidar las ayudas municipales.

Es más. Este directivo reconoció que no se le reclamó una adhesión, sino que se le exigió un folio en blanco que llevara el logotipo de su entidad y estuviera firmado y cuñado, y que ese entorno socialista ya se encargaría de rellenar el contenido, como hizo con las treinta y seis solicitudes restantes, que comparten el 90% de la redacción de manera milimétrica. Una asociación, al menos, se molestó en traducirla al gallego. Fue toda su aportación.

Bajo la superficie de los millones de luces led, de las cuestas con escaleras mecánicas, de los ascensores de barrio, del alcalde que marcha delante de las carrozas y anuncia conciertos en Castrelos como si fuera el maestro de ceremonias, se está cocinando un indulto vergonzante, que los mismos solicitantes admiten. Les dijeron a las asociaciones que sus escritos nunca iban a ver la luz, que irían directos a Madrid. No contaban con que hay prensa que no depende del grifo de ayudas del Concello o de la Diputación de Pontevedra, donde Carmela Silva sigue amenazando con denuncias a todo aquel que la vincule con el enchufe de su cuñada.

Todo obedece a un guion, a una coreografía. El condenado se come el marrón en el juicio del enchufe y guarda silencio, como los conductores de las planeadoras de la ría de Arousa, sin delatar a sus jefes. Fuera, se va fabricando el relato para que no llegue a entrar en prisión, que es algo así como cuando los capos de la droga cuidan de las familias de los que sí acaban entre rejas. Primero, se viste a Orúe como un prohombre que trabajó siempre por los demás y los derechos laborales: los primeros, los suyos, que para eso cobraba dos sueldos. Luego, se recuerda que militó en el PSOE y la UGT. Le sigue el aparente 'clamor social' en forma de apoyos sociales al indulto y, antes o después, se acabará concediendo sin importar qué diga la Fiscalía o la Audiencia. Si este Gobierno es capaz de indultar a los políticos del Procés, ¿le temblará la mano con Orúe?