Una huelga de funcionarios cancela 700 actos judiciales en Galicia

Setecientos actos judiciales suspendidos y un nivel de seguimiento del 95%. Así ha repercutido, según los sindicatos, la primera jornada de huelga de los funcionarios de la Justicia gallega. El paro, convocado para exigir una subida salarial del 16% , el abono del 100% del salario por incapacidades temporales o la creación de nuevas plazas ha puesto en un brete el funcionamiento ordinario de la administración en Galicia, en donde se han cancelado las vistas civiles, sociales y las no urgentes.

«La práctica totalidad de los juicios se están suspendiendo. En cuestión de días serán cientos y miles los juicios que se suspenderán en la Justicia gallega» , ha avanzado Manuel Tejada, del sindicato USO, en declaraciones a la agencia Efe. Las estimaciones del comité de huelga calculan que la parálisis en los juzgados ha sido de un 95% en Vigo; en Pontevedra, un 94 %; en Ourense, un 93,7 %; en Santiago, un 93 %; en Lugo, un 85,16 %; y tanto en A Coruña como en Ferrol, un 85 %.

Las negociaciones abiertas en las últimas semanas entre las plataformas sindicales y el Gobierno gallego no han fructificado . La propuesta de incremento salarial de la Xunta no alcanza el 16% exigido, pero situaría a los funcionarios en un nivel retributivo superior al personal de Valencia, Cataluña y, en algunos casos, incluso de Navarra, como ha recordado este miércoles Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de la Xunta ha confesado este miércoles en el Parlamento su preocupación por la repercusión de la huelga, pero ha matizado que aplicar el aumento que exigen los sindicatos supondría un gasto extra de 600 millones para las cuentas públicas , asumiendo que el resto de funcionarios de la administración autonómica reclamaría una subida similar. No obstante, el popular ha incicido en su voluntad de «seguir hablando» con los funcionarios , eso sí, dentro de los márgenes de gasto que establece la ley. Hay antecedentes: en el caso de la Comunidad de Madrid, el incremento aplicado por el gobierno de Cifuentes fue desautorizado por el Ministerio de Hacienda.