Los hijos en común y el paro complican la emancipación de las víctimas de violencia machista
Las mujeres tienen a su disposición ayudas y programas para su inserción laboral y atención integral
No hay un prototipo de víctima de violencia machista. De nivel sociocultural alto o bajo; de la ciudad o del campo; ricas o pobres, su único denominador común es el hecho de ser mujer. No hay un perfil único, pero sí que las circunstancias personales de cada víctima pueden complicar el romper las amarras con sus maltratadores . Tener hijos en común, o la falta de independencia económica, habitualmente lastra y dificulta la emancipación de las mujeres víctimas de violencia machista. Cualquiera puede sufrir maltrato, pero algunas tienen más dificultades que otras para liberarse.
El tener hijos en común con el maltratador complica las cosas. Consuelo Neira, directora del Centro de Recuperación Integral de Víctimas de Violencia de Género (CRI), explica a ABC que para estas mujeres situaciones como las visitas de los padres maltratadores pueden resultar «muy traumáticas». Entorpece que las mujeres puedan ganar distancia y autonomía. Pero hay otro elemento fundamental: la independencia económica para no depender de su agresor .
Consciente de ello, la Xunta mantiene abierto un programa para ayudar a las víctimas de violencia de género a emanciparse . Son ayudas mensuales, de entre 200 y 800 euros –en función de sus ingresos y circunstancias particulares, como tener o no hijos–, para contribuir a que las mujeres puedan desembarazarse de su agresor. Un máximo de 12 mensualidades. «Se trata de que cuenten con herramientas para dar el primer paso de ruptura con una situación en la que corren peligro» , explican a este diario fuentes de la Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta. También están destinadas a víctimas de trata y explotación sexual, para que puedan liberarse de la persona que les somete a esa dominación.
Para poder optar a estas ayudas hay dos requisitos básicos: haber puesto punto y final a la convivencia con el agresor en los últimos 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud y estar empadronadas y tener residencia efectiva en Galicia –permiso de residencia, en el caso de las mujeres extranjeras–. Y deberán acreditar unos ingresos mensuales iguales o inferiores al doble del IPREM vigente, además de no haber recibido estas ayudas con anterioridad.
El Gobierno autonómico destinó casi 40 millones de euros a este programa entre 2009 y 2021. En cada ejercicio, han ido aumentando las beneficiarias. En los últimos once años este programa ayudó a un total de 5.231 mujeres. A día de hoy, cuando está a punto de acabar 2021, disfrutan del programa un total de 531 víctimas de violencia machista .
De estas ayudas, y de otras, informan en el Centro de Recuperación Integral de Víctimas de Violencia de Género (CRI) a las mujeres que se acercan pidiendo auxilio. El CRI es un centro que podría denominarse «de segundo nivel», al que son derivadas las mujeres, que, atendidas primero en algunos de los 84 centros municipales de atención a víctimas, los profesionales entienden que necesitan de un seguimiento más detallado e integral. En el CRI, lo primero que hacen es escucharles. Saber qué necesitan las mujeres y saber cuál es el detonante por el que se deciden a pedir ayuda es esencial. En función de sus necesidades, se les ofrece atención psicológica , acompañamiento jurídico –sobre los procesos judiciales contra su agresor– o asesoramiento laboral , entre otros asuntos. La cuestión laboral es, según explica a ABC Consuelo Neira, fundamental para la «reconstrucción personal» de las víctimas. Más allá de que tener un trabajo es importante para la emancipación económica, también les empuja a recuperar hábitos y hacer o recomponer relaciones al margen del agresor y su entorno.
Tener un trabajo
Por eso, además de las mencionadas ayudas mensuales para la independencia económica de las víctimas, la Xunta cuenta también con varios programas dirigidos a la inserción laboral de las mujeres. Hay una línea de ayudas, por ejemplo, en las que la Xunta financia a los concellos que contratan a víctimas de violencia de género: la Administración autonómica sufraga su salario bruto hasta un máximo de doce meses. Otro programa similar impulsa la contratación de las mujeres por parte de entidades sin ánimo de lucro. Y otro apoya a las víctimas con especiales dificultades para encontrar empleo, con una cuantía que ronda los 450 euros al mes. Hay también una línea de ayudas, ya al margen de la integración laboral, tienen por objeto cubrir los gastos de las víctimas cuando necesitan mudarse : transporte de mobiliario, guarderías o atención a personas dependientes.
Los siete profesionales que componen el equipo del CRI se ocupan de hacer el seguimiento de unas 120 mujeres, que suelen ser atendidas durante un año, aproximadamente, aunque el tiempo puede ser mayor o menor en función de las necesidades de las víctimas. Y, una alerta: aunque la mayoría de las mujeres atendidas por el CRI suelen tener una media de 40 o 45 años, cada vez son más las jóvenes de 20 a 30 años que acuden a pedir ayuda .
