Acepta 11 años de cárcel por raptar a su hijo de un centro de menores
La condenada se llevó de Redondela al pequeño, bajo tutela de la Xunta y que jamás ha aparecido
Una mujer ha aceptado este miércoles una pena de 10 años y ocho meses de cárcel por el rapto de su hijo , que se encontraba en un centro de menores de la localidad pontevedresa de Redondela bajo tutela de la Xunta . Ocurrió en 2011 y el pequeño, que entonces tenía un año y medio, no ha vuelto a aparecer jamás. Según el escrito de acusación, en mayo de 2015 todavía continuaba en paradero desconocido .
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Fue hace casi cinco años, un 22 de enero, cuando según relata la Fiscalía la mujer y su compañero sentimental —que ya fue condenado por estos mismos hechos— entraron al recinto de Aldeas Infantiles . El varón, de nacionalidad portuguesa, amenazó y retuvo con un cuchillo a dos cuidadoras , cogió sus bolsos y les sustrajo las llaves de sus coches, móviles y documentación. La madre, mientras, se llevó al niño en uno de los vehículos.
El compañero sentimental de la mujer, detenido el mismo día del secuestro, ya ha sido condenado por ello
Las trabajadoras del centro pudieron después huir debido a que el condenado se quedó dormido en sus instalaciones. En su vista oral en 2012, él mismo pidió perdón a las empleadas, aunque argumentó que estaba drogado , lo que le impedía —según adujo— pensar «con claridad», pese a que sabía que «estaba mal» lo que hacía. Al arrepentirse y reconocer los hechos, acordó con el Ministerio Público una pena de nueve años y medio de prisión, frente a los quince y tres meses que el fiscal solicitaba inicialmente. Tuvo además que indemnizarlas con 20.000 euros por los daños morales causados.
El juicio ha sido en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo. En la mujer concurre la agravante de reincidencia , puesto que en 2010 había sido condenada ya a dos años y medio de cárcel por un robo con fuerza. A diferencia de su pareja, detenido el mismo día del rapto, ella no fue arrestada hasta julio de 2014 y desde abril de este año permanece enrejada.
De la petición inicial de la Fiscalía, cuatro años son por sustracción de menores, siete años y medio por detención ilegal de las trabajadoras y otros cinco más por robo con intimidación con instrumento peligroso en casa habitada. Se solicitaban también diez años de inhabilitación para el ejercicio del derecho de patria potestad y una indemnización de 40.362 euros para las afectadas.
