Consellería do Mar
El Gobierno deja en manos del TSXG el plan marisquero de la Xunta ante la «sorpresa» del sector
La Consellería do Mar espera que los tribunales le den la «razón»
En diciembre del año pasado se aprobó en Galicia el plan general de explotación marisquera para el trienio 2021-2023 . Ahora, en desacuerdo con los planes de la Xunta, el Ministerio de Transición Ecológica ha presentado un recurso contencioso administrativo que tendrá que ser resuelto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ( TSXG ). Desde el Ejecutivo autonómico, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha cargado este jueves en declaraciones ante los medios ante lo que considera «una postura más de la señora [ministra de Transición Ecológica] Teresa Ribera que viene acreditando una actitud muy beligerante para un sector tan importante para Galicia como el marítimo pesquero», ha afeado.
Los mariscadores, por el momento continúan «trabajando normalmente» puesto que, hasta la fecha fecha, « no hubo decisión de suspensión cautelar de la actividad ». «Y espero que no la haya, porque, si no, todo el sistema de trabajo y de buena gestión que vienen acreditando se vería en el aire y sometería a una indefinición la posibilidad de trabajar de una forma organizada que es como venimos haciendo aquí desde el año 1981», ha vaticinado antes de mantener una reunión con los representantes del sector. Una preocupación que, según apuntan fuentes de Transición Ecológica consultadas por Europa Press, también parecen compartir desde el ministerio que « comprende la lógica preocupación que se haya podido generar en el colectivo de mariscadores».
El ministerio presentó a la consellería un primer requerimiento en el que se aseguraba que debían anular la orden «por no haber pedido un informe preceptivo y vinculante» y que, de no anularlo, «irían al contencioso administrativo», ha especificado Quintana. Sin embargo, Galicia les respondió que «[con la orden] no dábamos ni autorizaciones ni concesiones en zona de dominio público marítimo terrestre ni marítimo», ha clarificado. Lo «único» que se hace, ha referido la conselleira, es «regular una actividad» para la que la comunidad tiene las competencia.
Por tanto, «no nos parecía necesario ese informe preceptivo y vinculante, que sí lo es para cuando hay que dar una actividad en una zona de concesión o de autorización de dominio público marítimo terrestre », ha añadido. Ante esto, sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica contestó «presentando el recurso contencioso administrativo», ha recriminado.
Justificación del Ministerio
La posición del Ministerio, sin embargo, no es la misma. «La Xunta rechazó este requerimiento [en escrito de fecha 15 de marzo de 2021] y lo hizo sin fundamento jurídico», a juicio del ministerio. «Por ese motivo se solicitó de la Subdirección General de los Servicios Contenciosos-Abogacía General del Estado la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo (que se autorizó por la Abogacía el 13 de abril)», argumenta el Ejecutivo central en un comunicado. « L a ausencia de ese informe del titular del espacio demanial (el Estado) es un defecto que no puede pasarse por alto y debe subsanarse. La Xunta, que conoce todo lo previsto en la legislación, no pidió el informe con carácter previo, ni tampoco subsanó su carencia tras requerírsele en ese sentido. Por ese motivo se ha interpuesto el recurso contencioso administrativo», sentencia el escrito, informa Ep.
« No hay injerencia en competencias autonómicas , sino incumplimiento por parte de la Consellería do Mar de los trámites previstos en la legislación autonómica y estatal, incluso tras requerirles expresamente a fin de evitar la impugnación jurídica», se posiciona. Y zanja: «Si la Xunta hubiese atendido el requerimiento formal de la Dirección General de Costas se habría evitado el recurso contencioso administrativo».
«Sorpresa» en el sector
El sector, que ya ha anunciado que se presentará como parte afectada ante «la gravedad de los hechos», ha expresado también su «sorpresa» ante lo que, a su juicio, es «una nueva injerencia desde Madrid», más aun volviendo a venir con remite del Ministerio de Transición Ecológica. « Solo podemos entender esta cuestión como un ataque frontal a la ejemplar regularización y gestión del sector profesional del marisqueo en Galici a », han aseverado los representantes del sector en un comunicado, informa Ep. Además, culpan al Gobierno de sortear las «peticiones legítimas como la modificación de la ley de costas y ahora poniendo en duda la ejemplar gestión de los recursos marisqueros en Galicia», algo que no favorece el desarrollo social y económico en la comunidad gallega.
También se ha sumado a esa sorpresa «todo el equipo de la consellería». « La actividad marisquera es una competencia asumida en el estatuto de autonomía para la que tenemos competencias exclusivas », ha reiterado la titular de la cartera de los asuntos relacionados con Mar.
Por todo ello, y también ante la postura del sector, Rosa Quintana espera que sea el TSXG el que «tenga en cuenta» lo que hace la Comunidad «para regular de la forma más sostenible posible la actividad de los más de 3.400 mariscadores a pie y más de 4.000 a flote» y le dé la razón a Galicia, de modo que «se continúe pudiendo desarrollar una actividad que es ejemplo en toda la Unión Europea».
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