El Gobierno aprueba la declaración ambiental de Reganosa y acerca su autorización definitiva
El Ministerio de Transición Ecológica avala los informes de la regasificadora de la ría de Ferrol, a la que Yolanda Díaz llegó a acusa de ser «una bomba de relojería»
Rodeada de incertidumbres generadas por el cierre de centrales energéticas en los alrededores como las de Meirama o As Pontes, Reganosa viene de enfilar el futuro con optimismo después de que el Gobierno publicara el pasado 22 de diciembre la declaración de impacto ambiental sobre su actividad, paso que acerca significativamente la definitiva aprobación a su emplazamiento en la ría de Ferrol. Y eso, a pesar de que en el Consejo de Ministros se sienta una de las detractoras más reconocidas de la regasificadora, la titular de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz , que llegó a calificar la planta como «una bomba de relojería».
El Ejecutivo realiza así un trámite obligado por la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2019 , que echaba abajo la autorización dada por el Gobierno de Rajoy en mayo de 2016, ya en funciones, y en el que excepcionaba a la gasera de presentar la declaración de impacto ambiental. Este informe no era esquivable, dijo entonces el tribunal, decisión que fue jaleada por la entonces candidata de En Marea.
«Son los corruptos los que permiten que Reganosa siga en nuestra ría», proclamaba Díaz en aquella campaña para ser diputada en el Congreso, llegando a acusar a la planta de Mugardos de ser «deficitaria» por «no cumplir con los parámetros mínimos del panorama gasístico español» y «poner en riesgo nuestras vidas». Ahora es el Gobierno del que ella forma parte el que avala que Reganosa —participada por la Xunta y el grupo empresarial Tojeiro— cumple con la normativa ambiental.
💬🏭 "O caso de #Reganosa é un caso de corrupción político-empresarial. Semella que outros, en funcións, defenden ás grandes corporacións". @Yolanda_Diaz_ sobre a planta de gas. 👇🏽 pic.twitter.com/OxKWcIl7un
— Galicia en Común (@EnComun_Gal) August 28, 2019
Según la declaración hecha pública en el BOE del pasado 22 de diciembre, el Ministerio para la Transición Ecológica avala la inexistencia de impacto alguno en aguas, fauna o aire en la zona , ni durante la construcción de la planta (entre 2004 y 2007), ni en los años que lleva en funcionamiento en la ría ferrolana. Además, constata «en base a los datos presentados» que «la inversión asociada a la construcción de la planta de regasificación supuso una notable afección positiva sobre la economía de la zona».
«Desde la puesta en marcha de la planta no se ha registrado ningún empeoramiento de la calidad del aire », y extracta además un informe de la Facultad de Biología de la USC, en el que se afirma que «desde el punto de vista medioambiental marono, el proyecto es viable, dado que no provoca ningún impacto sobre especies y comunidades biológicas marinas, bentónicas y planctónicas, y no altera las condiciones físico-químicas del agua del entorno de la planta». La declaración, eso sí, concede que hay «un impacto paisajístico cierto» provocado por «el tamaño de los tanques de almacenamiento» del gas licuado, que no se ha modulado con «el pintado parcial exterior» de la infraestructura.
La «bomba de relojería»
El estudio también aborda «los riesgos de accidente grave» que podrían producirse en la regasificadora. El «más desfavorable» podría ser «una llamarada provocada por la ignición retardada de una nube inflamable procedente de la dispersión de gas licuado por rotura» de un colector, situación que se considera «muy poco probable» y cuyos efectos, en todo caso, serían «una nube inflamable (...) de 168 metros de diámetro, biéndose afectadas unas 12,5 hectáreas ubicadas en la ensenada de Santa Lucía, actualmente ocupadas por vegetación de pastos, matorrales y eucaliptos». «Por consiguiente, se trata de daños a zonas no pobladas (...) y donde tampoco se identifican especies de valor», valora el Ministerio que dirige Teresa Ribera, «la estimación económica del daño que se derivaría del accidente es de 73.580 euros». «Se concluye que el riesgo correspondiente al establecimiento de Reganosa es aceptable », remata.
El Gobierno todavía tendrá que concluir el procedimiento administrativo que remate con la autorización definitiva de la planta, como vienen pidiendo de manera unánime sus trabajadores, los sindicatos, los alcaldes de los concellos más afectados —Ferrol, Mugardos y Fene— y tanto PP como PSOE. El comité de empresa de la planta negó en 2019 que esta fuera ilega l o que incumpliera con la normativa de distancia respecto a núcleos poblados, y acusó a las distintas plataformas ciudadanas contrarias a Reganosa de secundar la estrategia de Enagás, competencia directa de la planta mugardesa.
Noticias relacionadas
