Galicia pondrá «coto» a los okupas ante el alarmante aumento de casos

De chalets de lujo a viviendas abandonadas, pasando por rectorales o céntricos edificios, la lacra de la okupación se extiende por Galicia con más de un centenar de casos activos registrados según atestiguan fuentes del Gobierno. Sobre la rápida implantación del fenómeno, originario de las grandes ciudades pero ya diseminado por todo tipo de poblaciones, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, habló este lunes por primera vez de okupación para definirlo como un «problema» al que la Comunidad quiere «ponerle coto» . Lo hizo durante un encuentro con representantes vecinales que exigen un cambio normativo o legislativo para que este tipo de conductivas se tipifiquen como «un delito de allanamiento». También consideran necesaria una «intervención rápida» y un «endurecimiento claro» de las penas que disuada a los asaltantes y facilite la resolución del problema a los propietarios, a menudo con las manos atadas ante este tipo de invasiones.

Además, los portavoces de las asociaciones pusieron sobre la mesa las «actitudes muy violentas» que se viven en muchas de las okupaciones, caso del desalojo de una vivienda en Lugo en los últimos días. A esta problemática vinculan otras relacionadas con okupaciones de largo recorrido, como la inseguridad vecinal o los problemas de insalubridad que se suelen derivar de la carencia de servicios básicos en las propiedades que han sido invadidas.

A diferencia de la sensación generalizada, los vocales de los vecinos indicaron que el número de okupaciones no se agravó de forma alarmante a raíz del confinamiento , lo que descarta un impacto por la crisis sanitaria de la covid-19. Pese a ello, reconocen que el número de casos no deja de crecer y elevan la voz ante la impunidad de los okupas. Muestra de su desesperación, el presidente de la federación de asociaciones de vecinos de la provincia de Orense, Manuel Mosquera, animó de forma irónica a que se «okupen casas de políticos o jueces» , para ver si de este modo hay una actuación por parte de los poderes públicos.

El guante lo recogió la titular del ramo y responsable de Vivienda de la Administración gallega, que evidenció un aumento «sustancial» de las denuncias este año, si bien precisó que su volumen «dista» del alcanzado en la media estatal. Acerca de cómo está evolucionando el conflicto en la sociedad gallega, Vázquez también señaló que todavía hay propietarios que «prescinden» de interponer demanda por el gasto y «el estrés» que supone. En cualquier caso, la conselleira subrayó que el Gobierno gallego quiere «ponerle coto» y que para eso se dirigió al ministerio, con el fin de que haya un cambio normativo que la tipifique como delito, ya que «mientras la sanción sea pequeña, poco se podrá hacer». Dando a conocer las decisiones tomadas al respecto, Ángeles Vázquez también explicó que había contactado con el delegado del Gobierno para «trabajar de la mano» frente a este asunto y fechó una reunión en octubre del observatorio de la vivienda. «Tenemos que empezar a frenarlo y hacerlo desde ya» , incidió con la vista puesta en que los okupas no se sientan «amparados», recoge Ep.

Cuestionada por la problemática social asociada a esta lacra, la responsable de Vivenda remitió a las medidas dispuestas por la Xunta, como diferentes bonos para sufragar el alquiler y viviendas de protección, para aseverar que «ni una sola familia que recurriese» a estos mecanismos «puede decir» que el Ejecutivo autonómico no adopta decisiones en este ámbito.