Galicia cierra el tercer trimestre a 1.500 usuarios del objetivo anual

Primero fue un objetivo de legislatura; después, se adelantó dos años en el tiempo con la pretensión de que el sistema de atención a la dependencia cerrase el presente 2018 alcanzando a 60.000 usuarios con prestaciones en activo. A tres meses de completar el plazo autoimpuesto por el presidente de la Xunta, las cifras de cobertura en Galicia superan los 58.512 beneficiarios, a 1.488 de la meta anual.

Según el último informe mensual elaborado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con los datos remitidos desde las comunidades autónomas, a 30 de septiembre figuraban en Galicia 67.351 personas con derecho reconocido a atenciones con cargo a la ley de dependencia. De ellas, casi el 87% (58.512) estaban recibiendo servicios directos o ayudas económicas sustitutorias, mientras que algo más del 13% —equivalente a más de 8.800 usuarios— aguardaban por la materialización de la prestaciones que ya tenían reconocidas en sus expedientes . El volumen de solicitantes en el conocido como limbo de la dependencia —aquellos para los que ya ha finalizado el proceso de valoración y reconocimiento de ayudas pero todavía no ha comenzado la recepción de las mismas— se recorta así más de siete puntos porcentuales con respecto a un año atrás (en septiembre de 2017 eran 14.278 las personas que en Galicia se encontraban en esta situación, un 21,5% de las reconocidas como beneficiarias con derecho) y se mantiene también siete puntos por debajo del promedio del conjunto estatal: al cierre del pasado septiembre más de 275.000 de los casi 1,3 millones de usuarios en España amparados por el derecho a prestaciones no habían comenzado a recibirlas. Las previsiones de la Consellería de Política Social pasan por llegar a diciembre con menos de un 10% de usuarios en espera.

A la consecución de los 60.000 usuarios con prestaciones en activo comprometidos antes de fin de año contribuirá el programa especial de refuerzo de la atención a domicilio y de la prestación económica para la contratación de un servicio privado de residencia anunciado el pasado agosto por el exconselleiro José Manuel Rey Varela y su sucesora en el cargo, entonces directora xeral de Maiores, Fabiola García. En total, una inyección económica de 21 millones de euros con los que el departamento autonómico prevé incorporar un millar de usuarios adicionales por la vía del bono de residencia y tres mil más a través de la ampliación de 1,5 millones de horas de ayuda en el hogar.