La Fiscalía concluye que la AP-9 no tuvo condiciones de autopista

En dos jornadas ha quedado visto para sentencia el juicio contra la concesionaria de la AP-9 por el cobro de peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande. La fiscalía había acusado a Audasa de prácticas abusivas por no reducir las tarifas a pesar de que se produjeron importantes retenciones durante los trabajos. Pese a que la concesionaria y la DGT han negado los atascos, el Ministerio Público concluyó que la AP-9 «no registró condiciones de autopista» en el puente, por lo que Audasa «tendría que haber reducido el precio del peaje» durante la duración de los trabajos

Así lo indicaron ayer los dos fiscales del caso, Alejandro Tuero y Santiago Miguel Cruces, en la exposición de sus conclusiones durante el juicio que tuvo lugar en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra y quedó visto para sentencia. En su alegato final, el Ministerio Público insistió en que «no existía ni un solo cartel que permitiese al usuario que accedía a la AP-9 saber cómo se encontraba ese día» , de modo que no había «libertad de elección» de otra vía alternativa ni se cumplía el «deber de información».

En esta segunda sesión del juicio declaró, a petición de la empresa Audasa, un perito que ha reducido a 86 el número de incidencias sufridas en este período, frente a las 202 que aparecen recogidas en la demanda presentada por la Fiscalía Provincial de Pontevedra. A preguntas de la Fiscalía, este perito reconoció que durante el tiempo de las obras se redujeron los arcenes y número de carriles, de modo que las características de la vía «no son las condiciones óptimas de una autopista» . También prestaron declaración varios agentes de la Guardia Civil que relataron cómo en este tramo de la autopista durante los días laborables «había retenciones y atascos importantes, sobre todo cuando llovía». Además, detallaron algún caso «puntual» en el que el «colapso» era tan importante que tuvieron que impedir el acceso a la AP-9 a más vehículos porque «ya no entraban más».

Al igual que la Fiscalía, la asociación En Colectivo, que defendió en el juicio a los usuarios de la AP-9, también consideró que durante el juicio «ha quedado probado» que las obras provocaron numerosas retenciones de tráfico, «sin que la concesionaria garantizase un mínimo servicio en la autopista».

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó la postura «inexplicable» del Gobierno central a través de la Abogacía del Estado al personarse en el juicio por las obras en Rande. «Se va confirmando» la sorpresa inicial de que el Gobierno central «se iba a poner al lado de Audasa» y no de los usuarios.