Feijóo avanza que se opondrá a la división de la eléctrica Ferroatlántica

El presidente despejó las dudas y mantiene como prioridad absoluta el compromiso con el empleo en la Costa da Morte. La declaración de principios se produjo a raíz de los «rumores» de la empresa Ferroatlántica de segregar su actividad. Y el titular de la Xunta reiteró lo de «rumores» porque «no hay ningún proceso administrativo iniciado» y el Gobierno no tiene conocimiento oficial de la intención de la compañía. De forma enfática, y ante las afirmaciones del líder de la oposición, Luís Villares , recordó que Ferroatlántica no cursó ninguna solicitud de separación de las centrales hidroeléctricas ubicadas en los ríos Xallas y Grande de los hornos de ferroaleación instalados en Cee y Dumbría. En este escenario, ante la incertidumbre de los trabajadores , Feijóo señaló que los datos en su poder le llevan a concluir que la empresa «tiene que seguir unida».

El debate se produjo durante la sesión de control al Gobierno y después Villares formulara en clave económica su primera pregunta al presidente. La interpelación del diputado estuvo acompañada de peticiones reiteradas de que reciba a los trabajadores para aclararles la situación. El popular recordó que su Gobierno, estando en funciones, se entrevistó con el comité de empresa de Ferroatlántica en la mencionada comarca y también con los representantes de los operarios del centro de Sabón, en el concello de Arteixo. Además, reveló que esta misma semana se verá con los alcaldes de las zonas implicadas. «Vamos a seguir en contacto con los comités de empresa y con los alcaldes y vamos a cumplir la ley, no tenga ninguna duda », replicó al líder populista, sin dejar de hacer hincapié en que la información que maneja le lleva a concluir que «nada ha modificado» la imposibilidad de que se separe la actividad energética de la industrial.

Tras abundar en que la empresa no presentó ninguna solicitud, el presidente de la Xunta apuntó que sabe que Ferroatlántica (del Grupo Villar Mir) está analizando la posibilidad de pedir una autorización para «vender activos» y, con los fondos logrados, desarrollar planes industriales en Sabón y en la Costa da Morte . Pese a que en ambas localizaciones «esperan inversiones», insistió en que la normativa vigente no permite «autorizar la segregación» en los términos que se conocen actualmente. Además, el presidente aseguró que «no» va a «fallar» a los vecinos de la Costa da Morte, una comarca que «mayoritariamente» le dio su confianza el pasado 25 de septiembre. «Nos interesan los empleos, no los conflictos; nos interesa la inversión industrial y que las empresas sigan funcionando», zanjó. Y a modo de conclusión, dio la bienvenida a Villares en la «preocupación» por los puestos de trabajo y le invitó a acudir a Ferrol «a decir que no quiere que cierre Reganosa », a pasar por Vigo para posicionarse en favor de «la ampliación de Citroën » y a visitar Lugo para apoyar las inversiones para crear empleo tecnológico en el aeródromo de Rozas.

La rotundidad del presidente sorprendió a toda la oposición. En Marea, que ha hecho batalla de este potencial conflicto laboral, llevó al pleno un argumentario sobre hechos consumados. Villares subrayó que los planes industriales «pueden ser muy edificantes», pero advirtió de que la segregación de las centrales hidroeléctricas conllevaría el cierre de las fábricas. «Decir ‘no’ es lo mejor para la comarca y para el futuro de la Costa da Morte». Adicionalmente, recordó la iniciativa parlamentaria impulsada por el PPdeG para que se hagan «los estudios técnicos y jurídicos oportunos» sobre la venta de las centrales para señalar una vez más que una sentencia firme del Tribunal Supremo deja claro que la producción de energía eléctrica y las ferroaleaciones son una misma actividad productiva.

También el resto de partidos pidió aliento a los trabajadores. La socialista Dolores Toja exigió «un compromiso serio y no solo una declaración de intenciones» y Noa Presas del BNG insistió en que se reciba a la plantilla. Finalmente, en la tarde de ayer el conselleiro de Industria, Francisco Conde, recordó que la compañía «debe cumplir la ley».