FERROL

La edil de Urbanismo «humilló» a la funcionaria a la que exigió un certificado, según una testigo

Registró una carta al alcalde reprochándole las malas formas de la concejala

La concejala María Fernández Lemos, en una imagen de un pleno municipal en 2016 EFE

J. L. Jiménez

Una vecina de Ferrol presenció en primera persona cómo la concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos, se presentó en las dependencias del servicio municipal de Estadística y exigió a una funcionaria que dejara de atender a los ciudadanos que estaban esperando para que le resolviera un asunto que reclamaba como urgente. Su indignado testimonio lo plasmó en una carta que dirigió al alcalde Jorge Suárez a través del registro municipal . Esta versión coincide con la denuncia que a su vez hizo la trabajadora del servicio ante el regidor ferrolano —de la que ayer dio cuenta ABC— en la que también le afeaba que hubiese utilizado los cauces oficiales para dar un trato preferente a la solicitud reclamada por la concejala.

En la carta de la testigo —registrada el 23 de julio y a la que ha tenido acceso ABC—, se detalla como en el mediodía del día 19 de ese mes, y mientras era atendida por la única funcionaria del servicio, «irrumpió en la oficina una señora increpando y exigiendo a la trabajadora, de manera muy descortés y gritando (incluso humillante, dado que se produjo en presencia de varios ciudadanos que esperaban en la cola); solicitando que atendiera su petición antes de atender a los ciudadanos que esperaban su turno». Posteriormente identificó a esta mujer como la concejala María Fernández Lemos.

Según continúa la testigo en su escrito, la funcionaria explicó a la edil que se encontraba atendiendo al público. «La concejala abandonó la oficina dando un portazo» y «la trabajadora acabó de atenderme con lágrimas en los ojos». «Como vecina de este ayuntamiento y votante del partido que gobierna (...) me sentí indignada, impotente y decepcionada por la actitud de la concejala», ya que «no me parece que tratase a la trabajadora con el respeto que merecía».

Por último, la testigo solicita al alcalde que haga lo posible «porque estos hechos no se repitan», ya que «aparte de atentar contra la dignidad de las personas, dan una imagen de soberbia y falta de respeto que no se corresponden con el gobierno actual».

El Concello se justifica

A través de un comunicado, el ayuntamiento ferrolano negó ayer que se otorgara «en ningún caso y de ningún modo un trato preferente» a la concejala de obras, sino que en realidad se trató de «un perjuicio» a un vecino «en una situación límite» . Esta persona «precisaba de un certificado del departamento de Estadística para remitir con agilidad al juzgado y cumprir con su voluntad».

Según la versión municipal, dicho certificado fue solicitado «por un amigo íntimo de la familia» hasta tres veces por ventanilla, pero «reiteradamente, el certificado presentaba errores que lo invalidaban». «Once días y cuatro certificados erróneos después, el documento que fue requerido con la máxima premura por razones de pura humanidad, fue emitido y rectificado por última vez el 24 de julio, pero no llegó a tiempo» , añade el consistorio.

El ayuntamiento reconoce que, en efecto, el alcalde envió un correo electrónico a la funcionaria del servicio para que le emitiera el certificado de manera urgente, pero que eso no significó dar trato de favor a este vecino —cuñado de la concejala de urbanismo— porque esa competencia para «alterar el orden de despacho de asuntos y expedientes cuando existan razones justificadas» está recogida por la legislación.

Versión de la edil

Por su parte, y según detalla el digital Ferrol360.es , la concejala a su vez presentó por registro con fecha 3 de agosto un escrito al alcalde instando a que se abriera un expediente informativo que aclarara lo sucedido. Según su testimonio, recogido por este medio local, tras varios errores en los sucesivos certificados solicitados a Estadística, la edil se presentó en el departamento el día 16 de julio para explicar la gravedad del asunto y la urgencia del mismo . La funcionaria le habría conminado a acudir en los siguientes días a retirar el documento ya que no era «de emisión inmediata».

El día 19 , jornada en la que se produce el incidente denunciado por la funcionara y la testigo, la edil regresa y recibe como respuesta la imposibilidad de expedir el nuevo certificado por la excesiva carga de trabajo del departamento . «Le pregunté una vez más cómo tenía que hacer, que no me importaba volver a hacer cola, pero que el certificado había que presentarlo en el juzgado y testificar, que no le quedaba mucho tiempo de vida a mi cuñado». La edil asevera, en contra de la versión de la funcionaria y la testigo, que fue la trabajadora municipal quien le respondió a gritos para que fuera a Alcaldía y que desde allí le dijeran cómo elaborar el documento. «Yo le dije que no tenía corazón ni humanidad, que necesitábamos urgentemente un certificado por el que llevábamos esperando 10 días» , reproduce el citado digital ferrolano.

Críticas desde la oposición

Desde la oposición, la portavoz del grupo municipal del PP, Martina Aneiros, ha demandado este jueves «la urgente comparecencia del alcalde» y ha considerado que «es inaceptable que un alcalde exija un trato de favor, en este caso, para la responsable de Urbanismo». Asimismo, la popular ve estas «prácticas propias de la concepción más rancia de las viejas políticas que podría llevar a cabo un alcalde de las mareas, que se definía como el gobierno del cambio».

La popular ha abundado en que «Jorge Suárez no solo habría sido cómplice de este abuso de autoridad, sino que él mismo habría sido ejecutor de dicha acción, algo aún más grave» , que a su entender supone también «la vulneración de los derechos de los trabajadores municipales y un trato de favor hacía un miembro del gobierno local», informa Europa Press.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE , Beatriz Sestayo, ha asegurado que «de ser cierto lo que se traslada, debería de originar ceses inmediatos , porque el autoritarismo y las coacciones a los trabajadores, y los usos privilegiados que se relatan, son incompatibles con la ética de cualquier representante público».

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