Infraestructuras
La «desmesurada» compensación a Audasa por las obras de la AP-9: 1.463 millones de euros
El importe de la obra de ampliación se calcula en 228 millones, por lo que la compensación sería de un 600% de intereses
La propia empresa concesionaria de la autopista AP-9, que va desde Ferrol a Tui, calculó que el precio de las últimas obras de ampliación de Rande asciende hasta los 228 millones de euros invertidos por la propia Audasa pero luego, mediante el incremento del precio de los peajes, sería compensada. Concretamente el acuerdo con el Estado contempla que la subida del precio de los peajes sería de un 1% anual acumulativo en los próximos 20 años , es decir, hasta 2043.
Las asociaciones de consumidores como En-Colectivo consideran la medida directamente «desmesurada»: según un informe de finales de 2021 elaborado por la Comisión Gallega de la Competencia, dentro de 20 años Audasa habría recaudado, gracias a ese incremento, más de 1.463 milloness de euros . Es decir, la inversión de esos 228 millones le generarían unos intereses del 600% pagados por «los gallegos» . «Estos datos dejan claro que el Estado está asumiendo un coste increíblemente superior al que hubiese supuesto solicitar la financiación de la obra a una entidad bancaria y pone de manifiesto una vez más que al final los que estamos afrontando el pago somos todos los gallegos», declara el presidente de la asociación.
De hecho, el propio informe hecho por la Comisión de la Xunta indica que «se pude valorar la posible existencia de un exceso de compensación en favor de Audasa» por las obras de ampliación «y que tiene su causa en la subida de tarifas». Por ello, la concesionaria percibe «una cantidad muy superior a la que abonaría por la financiación de esas mismas obras un operador de mercado», como un banco.
Poca transparencia
La asociación, muy activa en contra de los abusos en la AP-9 (ya había abierto procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea en las prórrogas de la concesión ), también acusa al estado de mantener una «actuación obstruccionista» para defender los «intereses de Audasa».
En un comunicado, informa En-Colectivo que la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias « no ha facilitado a diferentes organismos », como es incluso el caso de la Comisión Gallega de la Competencia, «la información que le han solicitado, infringiendo así el principio de colaboración entre administraciones públicas». Tampoco lo habría hecho el Ministerio de Transportes , que no ha «respondido a ningún requerimiento de información y ha negado la información sobre la existencia de algún informe económico en sede ministerial para determinar que el incremento del 1% anual acumulativo de las tarifas durante 20 años pueda suponer una compensación adecuada », informa la asociación de consumidores.
«El hecho de que no se facilite información deja clara la falta de transparencia del Gobierno y de Audasa y refuerza nuestra teoría de que el Estado no está interesado en que se investigue esta concesión porque si se hace se pondrá de manifiesto un claro trato de favor a la concesionaria y un ocultamiento de las propias deficiencias en la defensa del interés público», explica Diego Maraña, presidente.
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