La defensa del exalcalde de Orense, Manuel Cabezas: «Es una cacería política»
El Ministerio Público ha ratificado la petición para los acusados de penas de hasta siete años de prisión
Una cacería política. Con estas palabras, el abogado que representa al exalcalde de Orense entre 1995 y 2007, Manuel Cabezas, durante el gobierno popular, que gobernó con mayoría absoluta, ha criticado la causa abierta contra el expolítico en estos 17 años de «calvario judicial» por «perdonar» el cobro de los aprovechamientos urbanísticos.
El Ministerio Público ha ratificado la petición para los acusados de penas de hasta siete años de prisión, con inhabilitación especial durante 17 años para ejercer cualquier cargo o empleo público por un delito continuado de prevaricación, en concurso con otro de malversación de caudales públicos.
La causa llegó al juzgado en el año 2014, a raíz de la denuncia interpuesta por la exconcejala socialista, Áurea Soto, quien acusó al gobierno orensano de eximir a constructores y promotores de la cesión del 10% del suelo en quince proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado y que, según cifra el Ministerio Público, privó al Ayuntamiento de ingresar a las arcas públicas de 1,6 millones de euros.
«Pretender decir que no conocían que no se estaba aplicando la ley no tiene ningún sustento probatorio », expuso la fiscal en la vista, en la que acusó a los expolíticos de dar «excusas de mal pagador» por decir que desconocían que incumplían la legalidad.
Las dos acusaciones han considerado acreditada después de estas cuatro jornadas que los expolíticos contravinieron la ley y que eran conocedores de que « lo que estaban haciendo era completamente ilegal », al no exigir dicha compensación pese a la normativa estatal y autonómica. «El señor Cabezas como máximo responsable de la corporación, tenía el control de todos los actos. No puede decir que no sabía o que no conocía», argumentó la fiscal.
El convenio aprobado en 1994 por la corporación municipal centró el debate y es que, mientras las defensas defendieron su validez, las dos acusaciones aseguraron que no se podía aplicar por la nueva normativa del suelo. Con el caso visto para sentencia, la Justicia tendrá que dilucidar si los dos expolíticos incurrieron en posibles ilegalidades por no exigir dicho porcentaje entre 1997 y 2002 que ya contemplaba la Ley del Suelo autonómica.
Durante el juicio, la defensa del exalcade de Ourense ha criticado la causa abierta por Áurea Soto contra Cabezas y el exedil de Urbanismo y ya ha avanzado que pedirá que la denunciante asuma el pago de las costas procesales. «Por mucho que duela y la palabra dé urticaria a las acusaciones», la defensa ha recordado que siempre actuaron conforme a los informes «favorables» emitidos por los funcionarios por más que se pretenda «culpar al alcalde por no haber dicho parad todo».
La defensa cuestiona, además, el cambio de criterio de la Fiscalía a lo largo del procedimiento judicial. Inicialmente, la Fiscalía había propugnado el sobreseimiento de esta causa y, de hecho, el fiscal jefe en aquel entonces, Florentino Delgado, ordenó archivar el caso pero finalmente el órgano judicial abrió un expediente disciplinario contra él por un supuesto abuso de autoridad y retrasos injustificados en la investigación.
Después de las peticiones de archivo de la causa Carmen Eiró, finalmente adoptó un criterio distinto y acusó a los dos políticos del PP de un supuesto delito continuado de prevaricación, en concurso con un delito continuado de malversación, por omisión.
La fiscal considera que los dos expolíticos incumplieron la ley de forma «sistemática» y « si bien en este procedimiento no están todos los que son », ha agregado que «sí que son todos lo que están».
«Estamos hablando de una manipulación flagrante, la cesión del 10 por ciento no es un capricho, aquí hay un perjudicado que es el patrimonio municipal», zanjó la acusación popular, quien cree que con esta forma de proceder « se ha quebrado el principio de legalidad y de jerarquía normativa , con consecuencias que han podido ser irreparables». La acusación popular cuestionó, además, que el gobierno de aquel entonces no instara la recuperación del 10% «cuando se contaba con una posición contundente del Consello de Contas».
Durante su derecho a la última palabra, Campo Labrador ha defendido su gestión al frente de la cartera de urbanismo. «Yo era un político, no un jurídico, me limitaba a hacer lo que decía el informe, que proponía aprobar. Nunca he llevado nada a la comisión que no fuese favorable », concluyó.
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