Coronavirus
Galicia rechaza el plan de Illa por «incompleto» e insuficiente
Afea que solo maneje tres criterios de evaluación cuando los expertos de la Xunta utilizan hasta diez parámetros. El comité clínico endurece en Orense las restricciones, con cinco personas por reunión, y las retira en La Coruña
Desde la posición que le confiere su condición de comunidad autónoma con la incidencia acumulada de coronavirus más baja de los últimos 14 días (104,06 casos por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad), Galicia dijo «no» este miércoles al plan de restricciones de Salvador Illa para municipios de más de 100.000 habitantes; y lo hizo, además, sacando punta a los cuantiosos defectos que encontró en la propuesta que puso sobre la mesa el ministro en el consejo interterritorial de salud. Propuesta que, desde la Consellería de Sanidade, se tachó de «incompleta» e insuficiente en sus «avales técnicos».
Una propuesta pobre, vino a plantear el titular de Sanidade, Julio García Comesaña, según divulgó su gabinete a última hora de la tarde, cuando se apagaban los ecos de la comparecencia de Illa para dar cuenta de una reunión emborronada por el rechazo de varias autonomías, Galicia incluida, Madrid al frente. García Comesaña hizo ver en el encuentro que el plan de Illa se queda corto porque solo contempla tres criterios de evaluación. Obvia, de esta forma, múltiples parámetros recogidos en el documento elaborado por el comité clínico de expertos sanitarios que asesora a la Xunta, se indicó desde Sanidade.
Frente a esos tres criterios, Galicia, cuando implementa, como ha venido haciendo desde que comenzó el verano, restricciones en municipios tiene en cuenta « datos de hasta 10 parámetros con sus correspondientes indicadores ». Y se siguen los mismos criterios tanto para localidades con pocos habitantes como para las más grandes. Illa se deja fuera, en su plan, entre otros indicadores, la vulnerabilidad, el porcentaje de positivos sobre cuarentenados, presión hospitalaria o situación de las urgencias. Todos estos datos, se subrayó desde Sanidade, sí los tiene en cuenta el comité clínico gallego. Obviar estos criterios «no permitiría dar continuidad» al trabajo que han venido desarrollando.
Un trabajo que este miércoles arrojó novedades, en forma de nuevas restricciones en una de las tres ciudades, por número de habitantes, a las que afectaría el plan del Gobierno: Orense. En la ciudad de As Burgas el comité clínico abogó por limitar las reuniones públicas y privadas a un máximo de cinco personas . Según datos facilitados por Sanidade a ABC, la capital orensana, con 294,6 contagios por 100.000 habitantes, presenta la IA más alta en los últimos 14 días de las urbes gallegas, lejos, aún así, de los 500 que fija el Gobierno como uno de los tres criterios para aplicar restricciones. La Coruña presenta 108,7 y Vigo, 53,8. Santiago (156,3) no llega a los 100.000 habitantes censados, aunque sí los rebasa de facto por carga de población: residían 114.515 personas en el último trimestre de 2018, según publicó este mismo miércoles el Instituto Galego de Estatística.
Nuevos municipios
El tope de cinco personas para Orense —donde continúan las restricciones especiales en determinadas zonas—, tras constatarse que « las reuniones familiares y sociales están siendo el origen de la mayor parte de los contagios », es incluso más duro que el de seis que fija el Gobierno. El 50% de Illa para establecimientos comerciales, restauración y hostelería ya lo aplica la Xunta en un grupo de municipios al que se sumaron Barco de Valdeorras (Orense), Sanxenxo y Meis (Pontevedra), sin necesidad de llegar a valores de contagios como los que se dan en la Comunidad de Madrid.
El comité también acordó que, en cambio, y tras descender la incidencia del Covid, en La Coruña, Lalín, Silleda y Vilaboa se levantan las restricciones . Todo ello, desde la medianoche y una vez publicado en el DOG.
La postura crítica de Galicia con el plan de Illa no fue óbice para que el conselleiro de Sanidade apelase a «recuperar el consenso» que siempre imperó en el consejo interterritorial y abogara por «sumar esfuerzos» para configurar un documento «válido» para toda España.
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