Consumidores gallegos denuncian «ausencia total de control» en la desinfección en comercios

La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (ACOUGA) se hace eco de las « muchas quejas de los consumidores ante la falta de protocolos y medidas específicas de seguridad en el acceso a comercios o en la manipulación de productos, y sobre todo en el sector textil, donde se requiere la prueba de ropa», ante la nueva realidad impuesta por la pandemia de coronavirus . Según ACOUGA, «se aprecia una ausencia total de seguimiento y control de los pocos parámetros establecidos » desde las Administraciones, agravada desde el acceso -ya superado- a la fase 3 de la desescalada.

Los consumidores y usurios gallegos reunidos en esta asociación aseguran, a través de una nota remitida a los medios de comunicación, que «las instrucciones dictadas (...) son vagas e inexactas , ya que se insta a desinfectar instalaciones, pero no se establecen protocolos ni sustancias o procedimientos sanitariamente acreditados; o se hace referencia a la cuarentena de los productos manipulados o probados, pero se deja esta medida en manos del buen hacer de los dependientes o comerciantes», denuncian.

¿La respuesta de ACOUGA? Presentar ante los Ministerios de Consumo y Sanidad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el Instituto Galego de Consumo e da Competencia y la Consellería de Economía sendos escritos solicitando protocolos y controles «para garantizar la efectiva desinfección de los comercios, el adecuado manejo de los productos (...) y la seguridad para trabajadores y clientes en el acceso y permanencia en las tiendas».

ACOUGA demanda un protocolo urgente de prevención y actuación con información sobre medidas de higiene y esterilización de locales comerciales; determinar los procesos oportunos para dicha higienización, indicando los sistemas de desinfección válidos, homologados y certificados; que se evalúen estas medidas de forma continua, con inspecciones para comprobar su cumplimiento; y, finalmente, un plan de acción coordinado de las administraciones con los agentes sociales, para el desarrollo correcto de estas medidas.