Confirman el archivo de una pieza iniciada por De Lara contra Conde Roa y dos exediles del PP de Santiago

El juez decano de los Juzgados de Santiago de Compostela y titular del nº3 de Instrucción, Andrés Lago Louro, decidió el pasado 29 de octubre confirmar el sobreseimiento de una investigación iniciada en su día por la juez Pilar de Lara contra el exalcalde Gerardo Conde Roa y dos exediles del PP de la capital de Galicia —Albino Vázquez Aldrey y Amelia González— por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El caso estaba vinculado con el tratante de arte Leonard Patterson, y fue inicialmente archivado en octubre de 2014.

Pero la causa estaba pendiente de un informe encargado a Vigilancia Aduanera (SVA) . Según la providencia a la que ha tenido acceso ABC, los propios responsables del SVA indicaron en su día que ese informe dependía de que se libraran una serie de comisiones rogatorias al extranjero desde el Juzgado de De Lara , y en teoría fueron ordenadas en noviembre de 2014. Sin embargo, «se nos presenta ahora, en fecha de 5 de julio de 2018 (...) la imposibilidad de emitir el informe requerido», porque «resulta que, a la postre, tales comisiones no fueron libradas».

Ante esta tesitura, Aduanas solicitó a Lago Louro que solicitara él las citadas comisiones rogatorias, a lo que el instructor compostelano se negó de manera rotunda. En su argumentación, el juez considera que «no procede efectuar diligencia alguna» por entender que ha «transcurrido en exceso el plazo de instrucción previsto» en las leyes procesales. «Es más, si tenemos en cuenta que los hechos objeto de investigación tuvieron lugar entre 2004 y 2010, no solo resulta improbable que podamos ya recabar la información pretendida a través de dichas comisiones rogatorias, sino que además, es muy factible que la acción penal haya prescrito» , apostilla Lago Louro.

No es la primera vez que el titular del nº3 de Instrucción da carpetazo a asuntos emanados del juzgado de Pilar de Lara. El pasado junio, este juez devolvió los 77 tomos de una pieza del «caso Pokemon» a la instructora lucense que investigaba una posible financiación irregular del PSOE de Compostela por fundadas sospechas de que la causa estaba prescrita, después de que De Lara la enviara a Santiago con cuatro años de retraso.