La condena a Audasa por los atascos de Rande se quedará en unos 270.000 euros

La sentencia contra Audasa por el cobro abusivo de peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande no supondrá un duro golpe para las arcas de la concesionaria de la AP-9. La Fiscalía pedía la devolución integra de la recaudación en el tramo entre febrero de 2015 y junio de 2018, que había alcanzado los 90 millones de euros. Pero el fallo solo acredita problemas de atascos en 81 episodios de aproximadamente una hora de duración. Según afirmó ayer Audasa, suponen tan solo el 0,3% del tiempo que duraron los trabajos . Aplicando ese porcentaje a la recaudación total, la concesionaria tendría que devolver a los conductores unos 270.000 millones de euros.

En un comunicado, Audasa resaltó ayer que aún está estudiando si presenta un recurso a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Vigo. Pese a que la condena por prácticas abusivas al no avisar de que había retenciones, la concesionaria celebró que el tribunal reconociese que las obras no produjeron demoras generalizadas y que no «implican una falta de cumplimento de las obligaciones de la concesionaria» . El juez entiende que el origen de las incidencias en el tráfico, en este caso las obras, no es lo importante. «Lo relevante no es la causa, sino el hecho de cobrar un precio a un consumidor que no ha recibido la prestación del servicio y al que no se le ha proporcionado la información necesaria para que pudiese tomar su decisión», argumenta el magistrado en la sentencia. La Fiscalía que también estudia si recurrir la sentencia, ya ha avisado de que «supondrá un precedente en todo el territorio español».

Los afectados tendrán que acreditar con el ticket, el extracto del telepeaje o la tarjeta de crédito que circularon por el puente de Rande en la AP-9 en los momentos de los atascos. La condena implica que se les devolverá el importe del peaje, pero no habrá indemnizaciones por posibles daños causados. Si alguno de los usuarios de la autopista quiere reclamarlas tendrá que presentar nueva demanda en los juzgados.

Desde la Administración autonómica, tanto el vicepresidente Alfonso Rueda como la titular de Infraestructuras Ethel Vázquez valoraron ayer la sentencia «La Justicia ha hablado y ha dado un mensaje claro: que los usuarios de la AP-9 tienen derecho a un servicio de calidad por autopistas que son de peaje» , afirmó Vázquez, quien recriminó al Gobierno central que se pusiese a defender los intereses de Audasa durante el juicio. En la misma línea, Rueda lamentó que el Ejecutivo de Sánchez «en vez de ponerse en el lugar de los usuarios se puso de lado de la concesionaria». También aseguró que la Xunta ayudará a los afectados a reclamar el dinero.