La vivienda del alcalde
El Concello de Pontevedra se inventa que la licencia de ocupación no era obligatoria cuando Lores hizo su casa
La portavoz municipal se escuda en que era un permiso «que no se pedía», pero la ordenanza de 1997 la desmiente
El PP pide «explicaciones» a Lores y avanza que hoy las reclamará a los técnicos de urbanismo del Concello
El alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores , se parapetó este lunes detrás de la portavoz de su gobierno, Anabel Gulías, para dar su versión de por qué solicitó la licencia de primera ocupación de su vivienda 22 años después de finalizar su construcción y llevar desde entonces residiendo en ella, como desveló este periódico. La comparecencia de Gulías estuvo trufada de medias verdades y alguna falsedad, todo ello bajo el mantra varias veces repetido de que «que no hay ninguna ilegalidad con la casa del alcalde».
La base de su argumento es que cuando Fernández Lores finalizó las obras de su vivienda en la parroquia rural de San Miguel de Marcón « no se pedía la licencia de primera ocupación ». «Es una certificación de final de obra que hace un documento que no era solicitado por este Concello, ni a Miguel [Anxo Fernández Lores], ni a ningún vecino», añadió, «no es un trámite necesario para dar la luz ni el agua. Es un hecho constatable».
Las declaraciones de Gulías se dan de bruces con la normativa del Concello del que forma parte. La ordenanza de 1997 , aprobada meses antes de que finalizaran las obras de la vivienda de Fernández Lores —quien llegaría a la alcaldía en 1999— establece precisamente lo contrario. «Queda terminantemente prohibido a los titulares del edificio construido su ocupación sin la previa obtención de la licencia de primera ocupación», reza el artículo 10 del texto todavía en vigor. El Concello no solo lo exigía, sino que según su normativa constituía «infracción urbanística» la «ocupación de edificios sin la concesión de la preceptiva licencia de primera ocupación».
Tampoco se ajusta a la verdad lo referido a los suministros de luz o agua. En el caso de la zona de Marcón, muchas viviendas no necesitan conectarse a la red de abastecimiento municipal porque disponen de pozos propios. La casa de Lores, de hecho, es una de ellas porque en esa zona « no existe red de abastecimiento », según queda de manifiesto en el expediente de concesión de la licencia de primera ocupación aprobada el pasado enero por la junta de gobierno local. Pero, de nuevo, la normativa del Concello desposee de razón a Anabel Gulías. «Las empresas suministradoras de energía eléctrica y gas se sujetarán (...) a las normas legales que les sean de aplicación (...) y a la necesidad de la previa licencia de primera ocupación para viviendas». A pesar de ello, en agosto de 1998, Unión Fenosa dio boletín de alta a la vivienda de Lores.
Gulías se enreda
A Gulías le traicionó el argumentario cuando, en su comparecencia, reconoció que « hubo un cambio normativo y para hacer obras [ahora] se exige una serie de tramitación administrativa a mayores », y «una vez que [el alcalde] se da cuenta de que había una serie de documentos que quedaran más allá, lo actualiza». La portavoz no aclaró cuándo se dio cuenta Lores de que su vivienda no estaba en regla ni cuáles eran esos documentos «que quedaran más allá». No hubo cambio normativo alguno porque siempre se exigió la licencia de primera ocupación. Y Lores no actualizó nada, sino que solicitó la licencia en paralelo al permiso de obras para construirse una piscina en su finca, el pasado agosto.
La portavoz dio a entender que la licencia de primera ocupación fue una consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística, o «Ley Cuiña», como fue bautizada entonces. « No se piden las licencias de primera ocupación hasta que cambia la ley », y citó la disposición transitoria cuarta de esta norma. Este epígrafe está referido a las regularizaciones de obras sin licencia en suelo rústico o de núcleo rural, y no es de aplicación al caso, dado que la casa de Lores sí disponía de licencia de construcción concedida en 1997 por el Concello de Pontevedra.
De nuevo, la normativa contradice a la portavoz municipal. La Ley 1/1997 del Suelo de Galicia, en vigor cuando Fernández Lores finaliza su casa, establece claramente en su artículo 168 que «estarán sujetos a licencia previa municipal», entre otros actos, «la primera utilización de los edificios». «La competencia para otorgar las licencias corresponderá a los Ayuntamientos según el procedimiento previsto en la legislación de régimen local », añade la ley, remitiendo a la ordenanza municipal en vigor.
Hubo más. Gulías llegó a decir que la licencia de primera ocupación «no se solicitaba como requerimiento imprescindible para vivienda (...) sobre todo en el caso de viviendas unifamiliares». La ordenanza de 1997 no distingue en ningún artículo diferencias entre viviendas unifamiliares, bloques de pisos o demás tipos de residencia; tan solo se refiere a viviendas o naves comerciales e industriales.
Desde la oposición, el PP reclamó este lunes «explicaciones públicas» a Fernández Lores. «Es poco edificante que nuestro alcalde haya incumplido de tal manera una norma a la que todos estamos sujetos y debemos cumplir», recriminó el portavoz municipal Rafa Domínguez, que hoy solicitará información a los técnicos municipales en la reunión prevista de la comisión de urbanismo.
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